La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó su papel como garante de los derechos humanos al emitir dos resoluciones de alto impacto: una en favor de las personas con discapacidad y otra que garantiza el acceso a información pública de la Secretaría de Marina.

En sesión del Pleno, la Corte determinó que la discapacidad no debe considerarse un padecimiento individual, sino el resultado de las barreras sociales que generan exclusión. Por ello, invalidó el artículo 3 de la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, cuya redacción reforzaba estigmas y estereotipos al basarse en el modelo médico.

Además, se adoptó un criterio clave: cuando un impugnante solicite una consulta previa a personas con discapacidad, esta deberá analizarse sin que ello implique automáticamente invalidar normas que busquen su inclusión. Con ello, la Corte reconoce un papel protagónico de las personas con discapacidad en los procesos legales que las afectan.

La decisión deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 147/2024, promovida por la CNDH, y resuelta en sesión del Pleno el 22 de septiembre de 2025.

Por otra parte, la SCJN confirmó la resolución del INAI que obliga a la Presidencia de la República a entregar 15 oficios firmados por el secretario particular del Presidente en 2021, relacionados con adscripciones de almirantes, vicealmirantes y procesos de capacitación en la Secretaría de Marina.

El Pleno concluyó que en este caso no existe riesgo para la seguridad nacional, y subrayó que la reserva de información debe evaluarse caso por caso. Con esta resolución, la Nueva Corte ratifica que el acceso a la información es un derecho humano que fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social.