Aprueban ley que pena en México difusión de procesos de violencia de género

Ciudad de México, 24 mar.- La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la llamada Ley Ingrid con la que se castigará a los servidores públicos que difundan información e imágenes de procesos penales que tengan relación con la violencia de género.

“La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, así como evitar la revictimización por parte de las autoridades”, publicó la Cámara Baja.

De esta manera se reforma el artículo 225 del Código Penal Federal para “garantizar integridad, intimidad y dignidad de víctimas” en todo el territorio mexicano.

La reforma ahora irá al Senado para su discusión, según se informó este jueves.

El caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, sucedido el 9 de febrero de 2020, conmocionó al país debido a la saña que aplicó su pareja sentimental para asesinarla y a la cobertura mediática, muy criticada, por su crudeza.

Un video que varios medios sensacionalistas publicaron a las pocas horas y días siguientes mostraba al presunto homicida y pareja sentimental de Ingrid cuando confesaba ensangrentado y dentro de una patrulla que “enterró” el cuchillo en el cuello y descuartizó a su pareja, tirando restos por el drenaje.

Además, se filtraron fotografías del cuerpo descuartizado de Escamilla, que aparecieron tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías, del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la reforma “tiene por objetivo que aquellos servidores públicos encargados de la administración de la justicia, peritos, policías e investigadores, tengan prohibido la difusión, comercialización de imágenes, videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo, con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado al proceso penal”.

La reforma incluye penas de cuatro a 10 años de cárcel a cualquier servidor público que “fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie” información o material audiovisual relacionada con una investigación penal.

En redes sociales activistas y organizaciones de la sociedad civil celebraron el avance como un gran triunfo para las mujeres en México, a pesar de que el caso de Escamilla todavía no tiene sentencia.

“Nacimos en la misma Sierra Norte de Puebla. Ambas tuvimos que presenciar la violencia patriarcal para mover las conciencias del poder y la sociedad. Solo que yo en mayor privilegio por estar viva en un país feminicida. Te nombraremos siempre ¡Ingrid Escamilla Vive!”, escribió en Twitter Olimpia Coral Melo, mujer por la cual surgieron una serie de reformas conocidas como Ley Olimpia encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar a quienes violen la intimidad sexual.

“Se aprobó a nivel federal la Ley Ingrid. Esta ley constituye un avance en los esfuerzos para erradicar la revictimización de las mujeres asesinadas y sus familias”, se puede leer en un tuit de 50+1, un colectivo de mujeres políticas por la paridad de la capital mexicana.