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Un diputado opositor salvadoreño seguirá en prisión mientras continúa investigación

El diputado opositor Alberto Romero, a quien la Asamblea Legislativa de El Salvador le retiró recientemente la inmunidad constitucional, seguirá en prisión mientras continúa la investigación en el proceso penal en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Así lo dictaminó una Cámara de lo Penal tras la audiencia inicial que Romero enfrentó, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Un representante del Ministerio Público, cuyo nombre no fue brindado por seguridad, señaló que “los señores magistrados de la Cámara, luego de analizar, los argumentos planteados por la representación fiscal han considerado que existen elementos suficientes para acreditar la existencia de ambos delitos y la participación del imputado en estos”.

Apuntó que se dictó una instrucción formal con detención provisional y ordenó un plazo de instrucción -investigación- de cuatro meses.

Romero, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue trasladado a la audiencia esposado, con un chaleco antibalas y un casco blindado, y fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), según se mostró en un video compartido por la FGR en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con la acusación penal del Ministerio Público, Romero supuestamente “tuvo un incremento patrimonial” de más de 1,16 millones de dólares, “que no ha podido justificar”.

Esta investigación, según ha precisado la Fiscalía, se dio después de que una Cámara de lo Civil condenó a Romero a reintegrar 445.766 dólares al Estado al no poder justificar el origen de ese dinero.

El proceso civil se inició tras una investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que, de acuerdo con la FGR, “el funcionario no pudo justificar el origen de los fondos”.

Las supuestas irregularidades fueron detectadas en las declaraciones patrimoniales de Romero, quien fue elegido como diputado para representar al central departamento de Cuscatlán por la opositora Arena, de entre mayo de 2009 y abril de 2015.

Entre los procesos civiles promovidos por la CSJ, tras investigaciones de la Sección de Probidad que han derivado en causas penales, se encuentran las de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). EFE

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