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Tribunal peruano ordena al Congreso suspender elección de defensor del pueblo

Un tribunal peruano ratificó su orden para que el Congreso suspenda la elección del defensor del pueblo hasta que termine el trámite de un recurso de amparo presentado por el sindicato de la Defensoría, que denunció falta de transparencia en ese proceso.

La decisión fue tomada el pasado 2 de febrero por el juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, quien amplió los alcances de una medida cautelar aceptada en junio de 2022, para que se suspenda el proceso de elección hasta que se resuelva el fondo de la acción de amparo, según informó el sindicato en sus redes sociales, donde publicó la resolución judicial.

El magistrado decidió que a los integrantes de la comisión legislativa elegida a inicios de enero pasado también “les alcanza la “orden” dispuesta por este juzgado en la resolución Número 1, de fecha 8 de junio de 2022, del presente cautelar”.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría saludó “la decisión de defender los derechos constitucionales, el principio de transparencia y la participación ciudadana, frente a los reiterados intentos de avasallar una institución clave en la defensa de DD.HH. y la vigilancia del poder estatal”.

“Confiamos en que los magistrados del TC estarán a la altura de estos mismos principios y valores, sin los cuales no puede existir un estado democrático de derechos”, remarcó en referencia a una contienda de competencia que el Congreso aprobó presentar en agosto pasado.

El Tercer Juzgado Constitucional ya ordenó el 9 de junio de 2022 al Congreso suspender de manera provisional la elección del defensor del Pueblo hasta que se subsanen las presuntas deficiencias en el proceso, denunciadas por los trabajadores de ese organismo.

El sindicato señaló en su demanda que la entonces presidente del Congreso, María del Carmen Alva, vulneró el principio de transparencia al integrar y presidir la comisión, que con ella excedía el número máximo de integrantes permitido, que es nueve.

También denunció que no se permitió la participación de la ciudadanía en el proceso de tachas (rechazo) de los candidatos, ni que se conozca la información proporcionada por la Contraloría y otras entidades sobre sus trayectorias profesionales y personales.

En ese sentido, la sala encontró “un peligro inminente” de que el proceso se realice sin los requisitos mínimos de “publicidad”, “transparencia” y “participación de la sociedad civil”.

Tras conocerse la decisión judicial, el Congreso aprobó el 16 de agosto pasado presentar una demanda de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, para que este organismo aclare sus “competencias únicas y excluyentes” y determine si estas pueden ser “limitadas y restringidas” por los tribunales.

El Congreso conformó el pasado 6 de enero una nueva comisión encargada de elegir al reemplazo de Eliana Revollar, quien dirige la Defensoría del Pueblo de manera interina desde la renuncia de Walter Gutiérrez a la titularidad, a fines de abril de 2022. EFE

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