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Senegal debate un proyecto de ley de amnistía general que divide al país en plena crisis

EFE
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La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Senegal llega dividida al debate sobre el proyecto de ley de amnistía general propuesto por el presidente del país, Macky Sall, que cubriría todos los hechos ocurridos durante las violentas protestas que se han producido desde 2021.

La medida ha sido criticada por la mayoría de la oposición, que cree que llevaría a un incumplimiento por parte del Estado senegalés de su obligación de justicia con las familias de las más de sesenta personas muertas durante las manifestaciones, según datos de la organización Amnistía Internacional (AI).

“La verdad debe salir antes que el perdón”, dijo a EFE Thierno Alassane Sall, diputado del partido République des Valeurs (República de Valores, en francés), al anunciar que votará contra la norma porque “las familias, las víctimas y Senegal merecen que se vierta luz sobre estos crímenes”.

Según el borrador legislativo adoptado por el Consejo de Ministros la pasada semana, la medida perdonaría todos los actos que pudieran calificarse de delitos cometidos entre el 1 de febrero de 2021 y el 25 de febrero de 2024, tanto en Senegal como en el extranjero.

Entre los posibles beneficiados por la propuesta, se encuentra el principal líder de la oposición, Ousmane Sonko.

Sonko no sólo está encarcelado desde julio pasado por cargos de insurrección y atentados contra la seguridad del Estado, sino que también le fue impuesta en mayo de 2023 una sentencia de seis meses de prisión suspendida por difamación contra el ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang, lo que impide su participación en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el pasado 25 de febrero pero aplazadas por el presidente senegalés.

La posible amnistía ha abierto una disyuntiva en el ilegalizado partido de Sonko, Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), sobre la idoneidad de apoyar una ley que intercambiaría justicia por rédito político de cara a los comicios.

Así, durante el examen del proyecto legislativo en la Comisión Jurídica del Parlamento el pasado martes, gran parte de los diputados que antes pertenecían a esa formación se abstuvieron, despertando las críticas de varios grupos de la sociedad civil.

Entre los miembros del partido que sí se han pronunciado, está el diputado Guy Marius Sagna, quien se opondrá a la ley “porque el pueblo senegalés ha soportado durante demasiado tiempo los horrores de una gobernanza marcada por la violencia” y “la represión”, según un comunicado remitido a EFE.

El debate parlamentario se produce en un contexto de alta tensión política por el aplazamiento electoral decretado por Sall el pasado 3 de febrero, que fue declarado ilegal por el Consejo Constitucional y desató fuertes protestas a menudo dispersadas con dureza por la Policía, en las que murieron al menos cuatro personas.

Frente a la crisis, el presidente impulsó la pasada semana un diálogo nacional, boicoteado por la inmensa mayoría de la oposición, que propuso como nueva fecha electoral el próximo 2 de junio, pendiente del pronunciamiento del Consejo Constitucional.

La oposición pide a Sall, quien se ha comprometido a dejar la Presidencia al término de su mandato este 2 de abril, que establezca una fecha antes de ese momento para evitar que se prolongue en el poder y pueda asumir esa función un mandatario interino.

El jefe del Estado defendió la moratoria electoral por la revelación de la doble nacionalidad de una candidata (francesa y senegalesa) tras la publicación de la lista definitiva, algo que la Constitución no permite a los aspirantes presidenciales y que expuso un “presunto caso de corrupción de jueces”, según Sall. EFE

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