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Quién es quién en el nuevo ente electoral de Venezuela

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, designó una nueva junta directiva para el Consejo Nacional (CNE), la cual estará al frente de esta institución durante el próximo septenio y arrancará con una prueba de fuego: la organización de las presidenciales de 2024.

La relación de fuerzas políticas repite la fórmula de la anterior cúpula, que renunció en junio antes de cumplir dos años en sus cargos, pues, de los cinco rectores principales, habrá tres abiertamente oficialistas y dos opositores, a la espera de que, una vez más, un chavista sea nombrado presidente del órgano.

Este quinteto será acompañado por una decena de suplentes, una lista también gobernada por simpatizantes de la llamada revolución bolivariana.

Sobre las personas que recaerá la labor de garantizar procesos electorales transparentes, luego de numerosas denuncias de fraude en los últimos años, es importante destacar los siguientes aspectos:

ELVIS AMOROSO:

Se desempeña como contralor general de la República desde octubre de 2018, cuando fue nombrado para el cargo por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció poderes incontestables en el país durante dos años, pese a no ser reconocido por la comunidad internacional.

Amoroso, el abogado que tiene el perfil político más alto de los cinco rectores principales, está sancionado por Estados Unidos desde 2017 por “socavar procesos electorales” y es el más fuerte candidato para presidir el CNE, luego de haber sido diputado en tres ocasiones, nominado por el gobernante partido PSUV.

Como chavista irreductible, ha hecho numerosas declaraciones a favor del presidente Nicolás Maduro y este año enfrentó críticas debido a una inhabilitación impuesta por su despacho contra la opositora María Corina Machado, que busca competir en las presidenciales de 2024 pero tiene un veto de 15 años para ejercer cargos públicos.

ROSALBA GIL:

Desde enero de 2021 ha actuado como secretaria del Parlamento, un cargo ajeno al cuerpo de diputados pero de mucha cercanía con el jefe del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, quien fue presidente del CNE y, según opositores, siempre ha incidido en el accionar de la institución.

Antes de que Venezuela rompiera relaciones con Estados Unidos en 2019, Gil fue cónsul del país en Boston, un cargo al que llegó luego de que la Contraloría le impusiera en 2007 una inhabilitación de tres años para el ejercicio de funciones públicas por presunta responsabilidad administrativa.

CARLOS QUINTERO:

Quintero, un militar retirado, lleva años desempeñándose como suplente en el CNE, donde ha trabajado dentro de la Junta Nacional Electoral, encargada de “la dirección, supervisión y control de todos los actos” relacionados con los comicios.

En noviembre de 2017, cuando era rector suplente, fue sancionado por EE.UU., acusado de “socavar la democracia” en el país y, en 2018, Panamá lo incluyó en una lista de personas provenientes” de Venezuela “consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

AIMÉ NOGAL:

La abogada, especialista en derecho procesal, militó en el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) y ha estado inmersa en el CNE desde 2005, cuando empezó allí una carrera que incluye años dedicada al análisis de campañas electorales y como consultora jurídica de la institución.

Siete años después, Nogal vuelve al ente electoral como rectora principal -propuesta por la sociedad civil- y representará la ficha de UNT allí dentro, un lugar que ocupó Enrique Márquez en la anterior directiva.

JUAN DEL PINO:

Es el menos conocido entre las nuevas autoridades pese a estar vinculado desde 2011 con el CNE, donde ha actuado como rector suplente, miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral y director del área de participación política.

Medios locales recogen algunas críticas hechas por Del Pino al CNE, cuestionando la falta de acción de la institución ante campañas adelantadas por parte de funcionarios y organismos públicos. EFE

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