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Prisión para alcalde y sospechas en la coalición de Gobierno destapan corrupción en Chile

El ingreso en prisión preventiva del alcalde de Vitacura, una de las comunas acomodadas de Santiago de Chile, el conservador Raúl Torrealba, y la suspensión de militancia de la diputada Catalina Pérez, de Renovación Democrática (RD), partido de la coalición progresista de Gobierno, han sacado al debate público la corrupción en Chile, uno de los países de Latinoamérica que aparecen como más efectivos frente a esta lacra.

Según el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado esta semana por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, y que evalúa la capacidad de 15 países para “detectar, castigar y prevenir la corrupción”, Chile es el tercer estado latinoamericano que mejor combate los casos de corrupción, solo por detrás de Uruguay y Costa Rica.

El estudio advierte, no obstante, que el promedio del continente descendió por primera vez desde 2020, ya que diez de los quince evaluados cayeron en su puntuación, lo que “indica que los esfuerzos anticorrupción continúan enfrentando presiones” y “resalta que ningún país es inmune a experimentar estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción”, agregó.

TRANSVERSAL A TODOS LOS PARTIDOS

Expertos consultados por EFE señalan, en este sentido, que los casos del alcalde Torrealba, antiguo miembro del partido conservador de la derecha tradicional Renovación Nacional, y la investigación en torno al exmarido de la senadora Pérez y a las sospechosas relaciones entre RD y la organización “Democracia Viva” en la región septentrional de Antofagasta demuestran que la corrupción es transversal y no depende solo de los colores políticos.

Torrealba, para quien un juez decretó el viernes orden de prisión preventiva de 150 días, está acusado de varios delitos, entre ellos fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, además de líder de una organización criminal dedicada a defraudar dineros desde la Municipalidad de Vitacura.

El fiscal, Francisco Jacir, solicitó la medida cautelar punitiva “para evitar que el imputado siga cometiendo el delito de lavado de activos y se siga produciendo el ocultamiento de su patrimonio, que al parecer esta información la tiene, y de esta manera pueda ser detectado y evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de esta clase de bienes proveniente de un delito materia del proceso”.

Junto al encarcelamiento de Torrealba, la juez ordenó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse entre ellos al resto de los acusados: Antonia Larraín, colaboradora del alcalde; el exdirector de corporaciones “Vita”, Domingo Prieto Urrejola, el exdirector de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, José Renato Sepúlveda y los contadores, Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González.

Torrealba fue alcalde de Vitacura, entre 1996 y 2021. Y durante su gestión habría desviado fondos públicos, a través de las corporaciones “Vita”, que son de derecho privado. Los montos habrían llegado a sus cuentas personales, incluso haciendo traspaso de sobres con dinero en efectivo.

TOLERANCIA CERO

Este martes, y tras días de debates, la directiva de RD uno de los que componen el Frente Amplio, la coalición que lidera el presidente de la República, Gabriel Boric, presentó una querella contra todos quienes resulten responsables en el contexto del caso “Democracia Viva”, una fundación representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

Según lo que se conoce de la investigación, esta organización, que según el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, no pertenece al partido, habría firmado tres convenios sospechosos por valor de 426 millones de pesos (unos 450.000 dólares) con el servicio regional (Seremi) de Vivienda de la región de Antofagasta.

“No va con nombre y apellido porque acá podemos entender que hay una red de gente que tiene información y podría estar vinculada”, dijo esta martes Latorre al presentar la demanda.

Democracia Viva no es parte de RD, sino que “son militantes que armaron esta fundación” agregó antes de admitir que “hay sospechas de corrupción” y de advertir que, en caso de que se demuestre el delito, “no van a tener cabida en nuestro partido. Tolerancia cero a la corrupción, no a las defensas corporativas y que se llegue a las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.

En la misma línea, el presidente Boric calificó el domingo el caso de “gravísimo”, y señaló que “en esto no se puede en ningún caso aminorar o tratar de bajarle el perfil a esta situación. Acá hay responsabilidades políticas que hay que hacer valer. La justicia tendrá que determinar su camino”.

“El Gobierno se pone a disposición para, ya sea, ser parte cuando corresponda como para colaborar en todo lo que sea necesario respecto a la investigación que realice la justicia”, concluyó. EFE

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