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Plantón para exigir consulta contra la minería en áreas protegidas de Quito

Quito, 12 ene (EFE).- Un grupo de activistas de la mancomunidad del Chocó Andino se congregaron este miércoles ante la Corte Constitucional, en la capital de Ecuador, para exigir una consulta popular que persigue el fin de la minería metálica en áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito.

El Chocó Andino de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, se convirtió en 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana por la Unesco y tiene una extensión de más de 286.000 hectáreas y representa poco más del 30% del territorio provincial.

Abarca seis parroquias del noroccidente de la capital ecuatoriana: Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.

La presidente de la mancomunidad, Gianina Moreno, explicó que la defensa del territorio trata de proteger a unas 18.000 personas que se verían afectadas por la práctica minera y rechazó que la viabilidad de actividad como sustento económico.

“La minería genera recursos, pero ¿hasta cuándo?”, reclamó Moreno en el plantón al defender actividades económicas sustentables y amigables con el medioambiente, como el turismo ecológico, emprendimientos y agricultura.

El Chocó Andino se expande por los cantones Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos

Para Moreno, estas tienen “la misma importancia que las Islas Galápagos o el (Parque Nacional) Yasuní”.

Para el asesor técnico de la Mancomunidad, Inti Arcos, este espacio protegido está amenazado por la “codicia” de “uno o dos empresarios”.

Declaran que ellos ponen en riesgo al ecosistema que abarca unas 3.000 plantas vasculares, 600 especies de aves y 127 de mamíferos.

Los activistas exhortaron a conocer las comunidades del Chocó Andino y defendieron que “Quito no puede ser solo cemento y contaminación, Quito también es vida”.

El avance de la consulta

La Corte Constitucional tiene hasta el 23 de enero para resolver la demanda del plebiscito para frenar la minería en la reserva.

Dicha consulta cuenta con el respaldo de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, que presentó un Amicus Curiae alegando que “es deber de todos protegerla”.

Aún si la Corte falla a favor de la consulta, los grupos sociales y ambientalistas deberán realizar un trabajo de recolección de firmas para cumplir con el 10% del padrón electoral del Distrito Metropolitano de Quito, si quieren sacar adelante la consulta.

La propuesta contiene cuatro preguntas direccionadas a que la población decida sobre las seis concesiones mineras que están en trámite.

Otras doce que actualmente operan en la zona no se verían afectadas por la decisión popular.

La reserva de la biosfera del Chocó Andino, trata de garantizar la protección del oso de anteojos o andino, especie emblemática para el Ecuador y la región salpicada por la cordillera suramericana. EFE

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