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Piden justicia tras dos años de muerte de dos niñas en combates en Paraguay

Organizaciones de derechos humanos exigieron este viernes una “investigación imparcial” que garantice justicia en el caso de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, dos niñas de 11 años con nacionalidad argentina que perdieron la vida hace dos años en un choque entre fuerzas de seguridad paraguayas y la guerrilla del EPP.

En un comunicado, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) exigieron “una investigación independiente e imparcial que brinde verdad y justicia sobre lo acontecido el 2 de septiembre de 2020 en el distrito de Yby Yaú”, departamento de Concepción (noreste).

La nota – titulada “Eran Niñas: A dos años de los sucesos de Yby Yaú, exigimos una investigación imparcial”- aludió a la muerte ese día de las dos menores de edad, que eran primas, en dos choques entre la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares y policías.

De igual forma, señaló la “necesidad de una exhaustiva búsqueda y localización” de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba “Lichita”, desaparecida desde fines del año 2020 en la misma zona. Oviedo Villalba es hija de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, dos líderes históricos del EPP que se encuentran encarcelados.

Según el Ejecutivo paraguayo, las dos niñas tomaron parte en los enfrentamientos y responsabilizaron de sus muertes al EPP por reclutar en sus filas a menores de edad.

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La Cancillería argentina aseguró en septiembre de 2020 que ambas contaban con nacionalidad de ese país, de donde salieron en noviembre de 2019 para visitar a sus padres en el campamento guerrillero.

“Una niña, niño o adolescente es sujeto de protección especial desde los 0 hasta 17 años de edad, siempre; sin importar si está en su casa jugando, en la calle trabajando, en la escuela con sus pares aprendiendo o en los bosques en una situación de exposición al peligro”, señalaron ambas organizaciones.

Añadieron que, “cuando no sea posible determinar su edad con exactitud, se debe presumir, en todos los casos, que tienen menos de 18 años”.

En el comunicado, denunciaron que las “vulnerabilidades y peligros a que se encuentran expuestas las familias, comunidades, y en especial niñas, niños y adolescentes en la zona norte (del país), son de gran magnitud y complejidad”.

En ese contexto, advirtieron que el desempeño en esa región de la FTC (creada para combatir al EPP) “se ha caracterizado por una serie de irregularidades y violaciones de derechos humanos hacia las poblaciones más vulnerables, niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad, personas mayores, de comunidades campesinas e indígenas”.

Además, se quejaron de las “actuaciones plagadas de irregularidades y poco ajustadas al marco legal vigente por parte de diversos operadores de justicia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial”.

De allí que reiteraron “la urgencia” de que se activen mecanismos estatales “de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, tanto de las comunidades indígenas como de las campesinas, contra todas las formas de violencia, incluida la pobreza y el crimen organizado”.

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