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Piden a la Corte Suprema de El Salvador la liberación de líderes comunitarios detenidos

El abogado de seis líderes comunitarios acusados de asesinar a una mujer en 1989 en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), Denis Muñoz, presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que se ordene su liberación.

Muñoz dijo en una rueda de prensa que el escrito “está muy cargado de motivos bastantes pertinentes y favorables para las personas privadas de libertad”.

Indicó que el habeas corpus señala que existen motivos de salud para que puedan seguir el proceso en libertad, que no han sido escuchados por diversas autoridades.

“No es proporcional ni pertinente la privación de libertad para las personas defensoras del medioambiente” y “se debe decretar la inmediata libertad”, agregó.

La presentación del recurso fue acompañada por abogados de la organización humanitaria Tutela Legal “María Julia Hernández”.

Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal, indicó que existen “criterios de organismos internacionales sobre derechos humanos que establecen que la detención provisional debe ser la excepción y no la regla”.

Agregó que las Naciones Unidas ha señalado que en El Salvador se está “abusando de la detención provisional”, que “constituye una mera tortura, porque no se están cumpliendo los parámetros del derecho penal”.

Los seis detenidos y procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y “uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz” de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.

De acuerdo con el Ministerio Público, Cienfuegos se encuentra “ausente” en el proceso y otro de los acusados vive en Estados Unidos.

La mayoría de los detenidos son miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), del departamento de Cabañas.

Los lideres comunitarios de Santa Marta fueron los principales impulsores de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y que prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país. EFE

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