Personas trans en Guanajuato son discriminadas por no reconocimiento legal

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Las personas trans del estado de Guanajuato sufren discriminación en los ámbitos laboral y educativo debido a impedimentos legales sobre el reconocimiento de la identidad de género, no permitida en dicha demarcación, según un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW) y Amicus DH.

Human Rights Watch y Amicus DH, en conjunto con la Red de Juventudes Trans y Colmena 41, entrevistaron a 31 personas trans del estado de Guanajuato (en León, Irapuato y ciudad de Guanajuato) en abril de 2022 para «comprender y documentar» las consecuencias de la falta de reconocimiento legal del género en el estado y descubrieron violaciones de derechos humanos en varios sectores.

De los entrevistados, 19 manifestaron que, al no coincidir sus documentos con su identidad de género, fueron víctimas de acoso laboral en procesos de contratación. Seis dijeron haber elegido trabajar de forma «no formal o independiente» para evitar enfrentarse a este tipo de dificultades.

Por su parte, una docena reportó haber experimentado situaciones de humillación en el ámbito educativo debido a la no correspondencia entre sus documentos y su identidad de género, y otra docena informó de problemas para obtener sus títulos académicos con su género correcto.

Del total, casi la mitad, 15, comentaron que tuvieron dificultades en la salud: 11 se decantaron por atención privada -de costo elevado- para evitar posibles humillaciones.

«Las tramitaciones cotidianas, como operaciones bancarias de rutina, también resultaron problemáticas para al menos seis personas trans, dada la dificultad de demostrar su identidad con documentos inexactos», indicó HRW.

«Guanajuato debería cumplir con lo establecido por el derecho mexicano e internacional y crear un procedimiento administrativo que permita que las personas trans puedan reflejar con exactitud en los documentos oficiales su identidad de género autopercibida», establecieron ambos organismos en el documento.

De acuerdo con la Constitución mexicana, los estados tienen autoridad para determinar sus leyes en cuestiones civiles y de registro.

Las organizaciones alertaron de que, a pesar de las directrices internacionales e incluso nacionales, el estado se ha quedado atrás.

En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México dictó un pronunciamiento en el señaló que el reconocimiento legal de la identidad de género debía ser un procedimiento administrativo que “cumpliera con los estándares de privacidad, simplicidad, agilidad y protección adecuada de la identidad de género” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017.

A pesar de los avances legales en muchos de los 32 estados, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

La organización Letra S reportó 79 asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT en 2020, más de la mitad eran mujeres trans y cerca de la cuarta parte hombres homosexuales. EFE

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