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Órdenes a jueces

Desde siempre hemos sabido que los titulares del Ejecutivo se consideran absolutos; pocos saben que en nuestro país existe la división de poderes para evitar sistemas tiránicos y atentados a los más elementales principios de la democracia.

Esta división proviene desde hace siglos, para pretender impedir que una persona o grupo ejerza el mando dictatorialmente en perjuicio de la población. La prudencia constitucional ha marcado tres entes en los cuales se debe depositar la soberanía de una entidad, los cuales responden a especialidades entendidas en la justa dimensión del beneficio colectivo.

Crear leyes es un trabajo que se entrega en manos de personas avezadas en el importante renglón de hacer disposiciones justas cuyo propósito es establecer una igualdad entre los miembros de la sociedad; así, el llamado poder legislativo se deposita en una sola cámara a lo que se conoce como sistema “unicamaral”. En otra dimensión hay países que optan por dos cámaras y estamos ante la presencia de un legislativo bicameral. En cualquiera de los dos casos, su trabajo se rige bajo normas estrictas para aprobar, sea por mayoría simple o calificada, aquellas leyes que tengan por objetivo la grata convivencia social.

Otro poder esencial es el de los jueces, por el cual se decide quién tiene la razón en los diversos conflictos; también, y de manera fundamental, tienen la responsabilidad de sancionar a los delincuentes, donde la pena tenga un sentido que permita la reintegración social de aquel que ha cometido actos ilícitos. Los jueces son conocedores profundos de la ley y, los reclamos de una sociedad ávida de vivir en un mundo justo, donde las normas sean igual para todos.

El aspecto administrativo se deposita en manos del poder Ejecutivo, porque en ello consiste su trabajo, “cumplir con reglas de buen gobierno”. En el mundo por lo general se sigue la línea unipersonal del ejecutivo, esto es, se deposita en manos de un personaje llamado Presidente o Primer Ministro, este último en los sistemas parlamentarios.

México ha optado por esa triple división de poderes, pero insistimos, de siempre el Poder Ejecutivo ha pretendido avasallar a los otros poderes. Procura imponer leyes y aún más, dicta consignas a los jueces. Estas conductas aberrantes e incorrectas se hacen “por debajo de la mesa”, o sea, de manera y oculta para cubrir las apariencias de que se respeta la mencionada división de poderes.

Lo que preocupa en este tenor es que, el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente ordenó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a desobedecer los mandatos de los jueces cuando se pretenda liberar a delincuentes en un “sabadazo”. Desde luego su declaración del viernes 25 de noviembre en la “mañanera” ha causado expectación y tal vez sea momento que el jefe del Ejecutivo considere que sus puntos de vista sobre el tema no son oportunos; en lo que sí tiene razón es que, una buena cantidad de jueces cínicamente se encuentran al servicio de la delincuencia y de poderosos intereses de carácter económico y político.

Es momento de dar paso a la justicia pronta y expedita, donde se cumpla el principio elemental de “darle a cada quien lo que merece”. No es nada nuevo el que haya jueces carentes de escrúpulos que meten a la cárcel a inocentes y, por el contrario, a poderosos delincuentes en la calle.

Lo expuesto por el Presidente de la República es muy cierto, pero debe tomarse la decisión de un cambio de raíz en el mundo del poder judicial. Es indispensable que los jueces sean personas preparadas donde se presente de manera sólida la “carrera judicial”. Otro defecto de la inmoralidad que priva en los juzgados es el nepotismo, por el cual los juzgadores cotidianamente incorporan en la nómina a sus familiares, amigos y compromisos; esto no es de ninguna manera adecuado, ya que, otro aspecto que debemos denunciar es el de las “mafias”, agrupaciones de jueces dispuestos a cambiar la verdad por la mentira.

Ya en el pasado se tomaron medidas radicales, cuando a finales de 1994 se sustituyó a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentablemente ese proyecto quedó inconcluso, pero es momento de retomarlo, de esta forma el jefe del Ejecutivo puede iniciar a través de un proyecto de ley, un cambio sustantivo en el poder judicial, para que solo sean jueces quienes tengan la capacidad, honestidad y respetabilidad de ocupar un sitial fundamental para la armonía social. Debemos precisar que hay jueces honestos, pero por desgracia son los menos…

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