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Opositores culpan al Gobierno de Maduro por corrupción en empresas estatales

Un grupo de exparlamentarios de Venezuela, opositores al presidente Nicolás Maduro, condenó este martes los hechos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), por los que recientemente detuvieron a ocho funcionarios, y aseguró que se trata de “prácticas” instauradas en empresas estatales por parte del Gobierno actual.

En una nota de prensa, los exdiputados, que no reconocen la legitimidad del Parlamento actual, controlado por el chavismo, responsabilizaron a Maduro y a los miembros de su gabinete de permitir prácticas de “corrupción desmedida” dentro de la CVG, luego de que este fin de semana el fiscal general, Tarek William Saab, confirmara las detenciones.

La CVG es un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.

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Al respecto, el opositor Omar González aseguró que, “por décadas las mafias se apoderaron de todas las empresas básicas y las fueron desmantelando una a una frente a la mirada de sus cómplices en el extranjero, pero también de sus cómplices en el país”.

Liz Jaramillo, otra dirigente antichavista, afirmó que en la CVG se podría haber gestado uno de los mayores desfalcos a la nación, pues recordó que se trata de una industria con “referencia histórica de producción” de metales y que generaba más de 60.000 empleos directos.

El pasado 31 de abril, la Policía Nacional Anticorrupción solicitó a la Fiscalía de procesar judicialmente a un “conjunto de funcionarios” de la CVG, quienes estarían “incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.

Este fin de semana, el fiscal reveló los nombres de los detenidos que formaban parte de la directiva de la CVG, y dijo que hasta la fecha hay 44 privados de libertad, entre funcionarios del Estado y empresarios, por su presunta vinculación en una trama de corrupción desarrollada también en la estatal petrolera Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y el Poder Judicial. 

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