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ONU condena violación a los derechos humanos en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha declarado el gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas a los Derechos Humanos.

“El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes” según, menciona la ONU.

Mencionan que los grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, así como violencia sexual y de género en la aprehensión, interrogación y detención de opositores.

En el pronunciamiento, titulado “Somos y seguiremos siendo nicaragüenses” y suscrito, entre otros, por la escritora Gioconda Belli, opositores denunciaron lo que calificaron “barbarie sin precedentes” al ser declarados apátridas y despojados de su patrimonio.

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“Como han denunciado organismos de derechos humanos, estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, que se suman a los cometidos por el régimen en 2018 y, como tales, deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional, tal y como señaló el gobierno de Colombia en su comunicado”, consideraron.

“Este zarpazo a nuestros derechos esenciales desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense”, agregaron.

En una de las declaraciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se hace “un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones”.

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