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Oenegés piden la liberación de exsenadora filipina tras incidente carcelario

Organizaciones en favor de los derechos humanos piden este lunes la “liberación inmediata” de la exsenadora Leila de Lima, voz crítica con el expresidente Rodrigo Duterte y en prisión preventiva desde 2017, que fue ayer tomada durante unos minutos como rehen en un intento de fuga.

De Lima, de 63 años y que afronta cargos de conspiración con el narcotráfico, fue retenida brevemente en la mañana del domingo por un reo con un cuchillo durante un intento influctuoso de huir del penal Camp Crane, en el area metropolitana de Manila.

Los oficiales mataron al secuestrador y otros dos presos implicados en la tentativa de fuga, todos encarcelados por cargos de terrorismo, y liberaron a la política, quien terminó con “dolor en el pecho”, “marcas de cuchillo” y “angustiada”, indicó anoche la propia afectada al calificar en un comunicado el incidente de “cercano a la muerte”.

“Pedimos la liberación inmediata de De Lima. Esto nunca debería haber pasado porque no debería estar en prisión. Los cargos (que se le imputan) son inventados”, declaró por teléfono a Efe el director de Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, Carlos Conde.

“No cometamos un error: la exsenadora Leila de Lima no debería estar en la cárcel, rodeada de criminales. Reiteramos nuestra posición que los cargos contra ella fueron claramente inventados”, defendió este lunes en un comunicado Charles Santiago, director de Parlamentarios de la ASEAN para los Derechos Humanos.

Antes de su arresto, De Lima había pasado una década investigando los asesinatos de “escuadrones de la muerte” presuntamente orquestados por Duterte durante su tiempo como alcalde de la sureña ciudad de Davao y lideró una comisión del Senado para escrutar la brutal “guerra contra las drogas” de Duterte en los primeros meses de su presidencia.

Duterte, que cumplió en mayo de 2022 su mandato de 6 años y abandonó el cargo, aplicó a nivel nacional una brutal campaña antidroga -que ya puso en marcha hace décadas en Davao- que ha causado más de 6.000 muertos, según la policía, mientras oenegés elevan la cifra por encima de los 27.000 fallecidos, entre denuncias de ejecuciones sumarias.

Activistas en favor de los derechos humanos califican los cargos presentados contra la exsenadora, que de ser hallada culpable afrontaría una condena de entre 12 años y cadena perpetua, como una “persecución política”.

El representante de HRW asegura que el encarcelamiento de Leila de Lima es “una absoluta injusticia”, al añadir que “el (actual) Gobierno de (Ferdinand) Marcos tiene el poder de pedir la retirada de cargos contra a la Fiscalía. Se le imputan delitos flagrantemente falsos, es evidente”.

EFE

JBR

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