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Muerte de educandos

A raíz de un lamentable acontecimiento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha dado a conocer que, dentro de las instituciones educativas del país, se presenta cotidianamente la muerte de menores; en una secundaria pública del estado de Durango un niño de 12 años perdió la vida, de igual manera otro menor en Yucatán. En ambos casos se precisó que el deceso se debió a infartos fulminantes; tal situación muestra las graves fallas que existen dentro de las escuelas, donde los servicios médicos dejan mucho que desear, por lo que se hace imprescindible tomar medidas, ya que los lamentables hechos de referencia ocurrieron este año y en ambos casos se manejó la información de manera bastante imprecisa.

El propio INEGI puntualizó que desde 2007 a la fecha, se ha dado el fallecimiento de 98 niños dentro de sus escuelas, por accidentes e inclusive por lesiones intencionales. Es claro que en la mayor parte de los casos no hay la difusión requerida, pero bajo ningún concepto es admisible que no se tomen en cuenta tan terribles acontecimientos, para mejorar los manuales de seguridad escolar; y es que, precisamente las escuelas, a la par del hogar, deben de ser el lugar más seguro para el infante, por tanto, es imprescindible evitar riesgos y contingencias indeseables como lo es la pérdida de la vida, además de lesiones que pueden ser de funestas consecuencias.

En muchas ocasiones las instalaciones educativas carecen de la seguridad necesaria, tal es el caso de escaleras y patios, por los cuales, debido a mala construcción y falta de previsión, hacen que los educandos se resbalen, provocando accidentes que llegan a ser de alto riesgo; también, como en el recientemente hecho, las albercas pueden convertirse en lugares sumamente preocupantes y así otras actividades deportivas están dentro en la misma tesitura y es donde deben tomarse medidas urgentes; no es aceptable que los centros escolares se conviertan en lugares peligrosos para los alumnos. Es muy adecuado que tan dramáticas experiencias sirvan para lograr mayor eficacia en el ambiente que tanto reclama la educación.

Lo que resulta sumamente inmoral y criticable, es el que los deudos del educando que ha perdido la vida, pretendan tomar justicia por propia mano, donde destruir y amedrentar a los alumnos de una escuela para exigir justicia no es lo correcto. En el caso del colegio en que perdió la vida un menor, el padre del mismo “azuzó” a un grupo de sus amigos para meterse al plantel y romper cristales, puertas y golpear a los docentes; con ello, niños y adolescentes que se encontraban, mantuvieron una crisis de angustia y miedo; además de los destrozos causados, pintarrajearon e impidieron el libre tránsito en las calles para exigir la clausura de la escuela. Lo anterior es inverosímil; en la actualidad los posibles responsables del inaceptable hecho, donde sin duda hubo patéticas y mortales omisiones, se encuentran en proceso de ser juzgados, pero, pretender clausurar la escuela tal vez por intereses ajenos y hasta bastardos, nos parece no solo excesivo, sino fuera de lugar.

Bajo ningún concepto aceptamos la impunidad. A quien cometió el mortal descuido se le debe imponer la sanción o castigo que corresponda, pero ello no deberá alcanzar a quienes nada tuvieron que ver con el lamentable y fatal hecho. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que, en la Ciudad Universitaria de la UNAM, como en otros lugares, se han dado delitos no solo culposos, como es el caso que nos ocupa, sino dolosos, graves actos criminales, pero no por eso crearemos terrorismo entre alumnos y maestros y mucho menos estar pensando en clausurar la UNAM por tales acontecimientos. Definitivamente el niño que perdió la vida, merece que su memoria sea respetada y se castigue a los culpables, para evitar que se repitan situaciones verdaderamente graves, pero insistimos, el camino del terrorismo hacia las instituciones educativas, por cualquier lado que se analice, no es lo correcto

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