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Ministro de Justicia de Perú afirma que “no hay politización” en proceso contra Procurador

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, aseguró “categóricamente que no hay politización” en el proceso que ha abierto su despacho contra el Procurador General del Estado, Daniel Soria, quien esta semana fue suspendido de sus funciones mientras dure esa investigación.

“No existe ningún atisbo desde mi despacho de que se esté politizando, este es un asunto netamente administrativo y legal, y se le ha dado la oportunidad al señor Soria para que responda con todas las garantías del debido proceso”, declaró Arana al Canal N de televisión.

El ministro añadió que no va “a permitir que al señor Soria se le pueda quitar ninguna posibilidad de defensa” y también exhortó al Procurador para que “en lugar de politizar el tema responda conforme a la ley”.

“Él es un señor procurador y debe responder conforme a la ley”, acotó tras reiterar que a Soria “se le ha dado todo el derecho (…) y tiene la oportunidad y tendrá la oportunidad de dar sus descargos y expresar lo conveniente”.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MinjusDH) suspendió el pasado viernes a Soria, mientras dure un proceso disciplinario que se ha abierto en su contra, según señaló una resolución oficial que fue confirmada por el funcionario.

La decisión fue tomada por una comisión ad hoc que se instaló como parte de un proceso administrativo disciplinario que comenzó contra Soria el pasado 16 de noviembre, en base a un pedido de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MinjusDH.

Tras conocerse la información, Soria declaró en la emisora RPP que se trata de una “decisión arbitraria” y anunció que utilizará todas “las armas del derecho” para defenderse.

Agregó que a pesar de que aún está dentro del plazo para dar sus descargos se ha ordenado su suspensión, por lo que consideró que “este tipo de situaciones, otra vez, van a debilitar a la Procuraduría General del Estado”.

El pasado 15 de noviembre, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Martíín Vizcarra (2018-2020) y la exministra de Justicia Ana Revilla por el presunto nombramiento irregular de Soria, ya que considera que no cuenta con los requisitos para ejercer ese cargo.

Soria fue designado Procurador General del Estado en febrero de 2020 y permaneció en el cargo hasta enero de 2022, cuando el entonces ministro de Justicia Aníbal Torres anunció la revisión de su nombramiento.

Fue cesado después de haber denunciado al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) ante la Fiscalía tras la revelación de las visitas de una empresaria experta en cabildeos al Palacio de Gobierno y de presuntos actos de corrupción en instituciones del Estado.

Sin embargo, en junio pasado la Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó, en segunda instancia, una orden dada por otro tribunal en octubre de 2022 que ordenó su reposición.

En octubre pasado, Soria rechazó un nuevo informe de la Contraloría que reiteró que no cuenta con los requisitos para ser Procurador General y dijo que sospechaba que esto se debía a las numerosas denuncias que ha presentado contra autoridades, entre ellas la actual presidenta peruana, Dina Boluarte. EFE

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