Una operación inmobiliaria realizada por el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ha generado cuestionamientos luego de que se revelara que una empresa que le vendió un terreno en Oaxaca obtuvo posteriormente una prórroga para explotar una concesión federal de playa en la entidad.
De acuerdo con una investigación del periodista Jorge García Orozco, en enero de 2023 Mario Delgado adquirió un terreno de 1,400 metros cuadrados por 600 mil pesos a la empresa Rancho Milio S.A. de C.V.. Apenas dos meses después, la misma compañía solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la ampliación de una concesión sobre más de 34 mil metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre en Playa Ventanilla, Oaxaca.
La solicitud fue presentada el 30 de marzo de 2023 y finalmente autorizada en mayo de 2024, otorgando a la empresa una extensión de 15 años para el aprovechamiento de la concesión.
Según la declaración patrimonial presentada por Mario Delgado en mayo de 2026, el terreno fue adquirido mediante compraventa al contado y forma parte de un patrimonio bruto declarado superior a los 31 millones de pesos.
La investigación también señala que Rancho Milio es una empresa constituida en Puerto Escondido, Oaxaca, dedicada principalmente a actividades inmobiliarias. Entre sus socios figuran integrantes de la familia Milio, quienes además han desarrollado diversos proyectos inmobiliarios en la región.
El caso ha llamado la atención debido a la cercanía temporal entre la compra del terreno por parte de Delgado y la solicitud de prórroga presentada por la empresa ante autoridades federales. Sin embargo, hasta el momento no existe un señalamiento oficial que acredite alguna irregularidad en la operación.
Además del terreno adquirido en Oaxaca, la declaración patrimonial del titular de la SEP incluye departamentos, vehículos, obras de arte, joyas y otros bienes que elevan su patrimonio neto a más de 23 millones de pesos después de descontar adeudos y pasivos.
La revelación ocurre en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias de funcionarios federales, especialmente de quienes han ocupado posiciones de liderazgo político en los últimos años.
La investigación de Jorge García Orozco pone sobre la mesa nuevas interrogantes sobre la relación entre actores privados y decisiones administrativas vinculadas a concesiones federales, un tema que podría generar mayor debate en las próximas semanas.
