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Los países de la UE alcanzan un acuerdo para reformar las normas de asilo

Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo para reformar las normas de asilo del club comunitario en el que se contempla que los Estados miembros puedan negarse a acoger en su territorio solicitantes de asilo procedentes de otros países comunitarios si pagan 20.000 euros por persona rechazada.

En concreto, los Veintisiete alcanzaron un pacto sobre el reglamento de gestión del asilo y la migración y sobre el reglamento de los procedimientos de asilo.

“Gracias por este amplio apoyo a estos dos expedientes”, declaró la ministra sueca de Migración, Maria Malmer Stenergard, cuyo país ocupa la presidencia de la UE, durante la reunión de titulares del Interior celebrada en Luxemburgo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, especificó que solo dos países votaron en contra de los reglamentos, mientras que cuatro se abstuvieron. Para que los dos reglamentos salieran adelante hoy bastaba con la mayoría cualificada.

Tras el pacto entre los Estados miembros, deberán comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo. De esas conversaciones saldrán los textos legislativos definitivos.

Malmer Stenergard afirmó que el reglamento de gestión del asilo y la migración “mejorará el funcionamiento” del reglamento de Dublín, que determina qué Estado miembro de la Unión es responsable de examinar una solicitud de asilo.

Según la ministra sueca, la determinación del Estado miembro responsable de examinar la petición de asilo será “más estable” con el texto acordado hoy.

Para asegurar la solidaridad entre Estados, los países de la UE podrán elegir entre la propia reubicación de un Estado miembro a otro y el pago de dinero si se niegan a acoger solicitantes de asilo. Si no quieren acoger personas, también pueden optar por medidas operativas, como el despliegue de personal. Así, las reubicaciones dejan de ser obligatorias.

La política sueca aseguró que las distintas contribuciones tienen “el mismo valor”.

El texto pactado hoy permite a un Estado miembro negarse a acoger en su territorio a un solicitante de asilo procedente de otro país comunitario si abona 20.000 euros por persona rechazada.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló tras la reunión que va a haber un mínimo de 30.000 personas que deberán ser reubicadas al año.

Indicó, además, que se establecen “unas contribuciones financieras no menores de 660 millones de euros al año para la política migratoria”.

Sobre el reglamento de los procedimientos de asilo, Malmer Stenergard especificó que establecerá un proceso de asilo “más simple y más efectivo” y contendrá “garantías procesales para los demandantes”.

El Consejo, que reúne a los Estados miembros, señaló en un comunicado que racionaliza las disposiciones procesales (por ejemplo, la duración del procedimiento) y establece estándares para los derechos del solicitante de asilo (disponer del servicio de un intérprete o tener derecho a asistencia y representación legal).

El reglamento introduce como novedad procedimientos fronterizos obligatorios, con el fin de evaluar rápidamente en las fronteras exteriores de la UE si las solicitudes de asilo son o no admisibles. Las personas sujetas al procedimiento de asilo en frontera no están autorizadas a entrar en el territorio del Estado miembro.

“El procedimiento fronterizo se aplicaría cuando un solicitante de asilo presente una solicitud en un paso fronterizo exterior, tras ser detenido en relación con un cruce fronterizo ilegal y tras el desembarco tras una operación de búsqueda y salvamento”, indicó el Consejo.

El procedimiento es obligatorio para los Estados miembros si el solicitante “es un peligro para la seguridad nacional o el orden público, ha engañado a las autoridades con información falsa u ocultando información” y si el solicitante tiene una nacionalidad con una tasa de reconocimiento del estatus de refugiado inferior al 20 %”, según el Consejo.

“La duración total del procedimiento fronterizo de asilo y retorno no debe ser superior a 6 meses”, añadió.

El pacto de hoy contempla que el Estado miembro de entrada sea responsable de tramitar la solicitud de asilo durante dos años.

En casos en los que se deniegue el asilo y la persona sea devuelta a un país extracomunitario que no es su Estado de origen, será cada Estado miembro el que determine si hay una conexión entre esa persona y el país de tránsito al que se le quiere enviar.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, aseguró que tiene que ser un país seguro y que debe haber una conexión entre la persona devuelta y ese país tercero. También puede darse el caso de que el individuo acepte voluntariamente ir.

Como ejemplos de conexión, el acuerdo menciona que la persona haya estado allí o tenga familiares en el territorio, según Johansson, quien reconoció que puede haber otras razones para considerar que existe conexión.

Preguntada por si un mero tránsito por el país durante la ruta migratoria hacia la UE se consideraría conexión, la ministra sueca afirmó que corresponde a los Estados miembros decidirlo. EFE

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