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La Fiscalía salvadoreña acusa de homicidio a exguerrillero

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó penalmente a 8 personas por la supuesta tortura y ejecución de una mujer en 1989, entre ellos el excomandante guerrillero y “uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz” de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.

La Fiscalía presentó, en el marco del 31 aniversario del armisticio entre el Gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la acusación.

“De acuerdo a las investigaciones, el 22 de agosto de 1989 irrumpieron en la vivienda de María Inés (Alvarenga), la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento guerrillero donde la torturaron y la asesinaron”, publicó la institución en sus redes.

La fuente indicó que Cienfuegos se encuentra “ausente” en el proceso y que otro de los acusados vive en Estados Unidos. El resto de detenidos son activistas comunitarios y excombatientes del central departamento de Cabañas.

“Todos ellos miembros de la exguerrilla, algunos con mandos de jefaturas de escuadra, de pelotón; algunos comandantes de zona y otro comandante nacional”, indicó un representante de la Fiscalía.

Los delitos atribuidos a estas personas son privación de libertad, asesinato y agrupaciones ilícitas.

Una veintena de organizaciones civiles demandaron el pasado 12 de enero un proceso judicial “transparente” y que respete los derechos humanos de estos seis líderes comunales y exguerrilleros detenidos en la remota comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas (centro).

Entre ellos se encuentran miembros de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).

La Fiscalía ha identificado a los seis detenidos como Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos.

El FMLN y el Ejército salvadoreño se enfrentaron en una guerra civil, que concluyó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México, y se saldó con más de 75.000 muertes y más de 8.000 personas desaparecidas.

Una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2016 permitió reabrir varios casos de crímenes de lesa humanidad, como el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980) por un francotirador de ultraderecha o la masacre en El Mozote de 1.000 personas campesinas a manos del Ejército. EFE

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