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La Corte IDH tramitará casos del fotoperiodista Julio García y de Salango contra Ecuador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará los casos sobre la muerte en 2005 del fotoperiodista Julio García y la privatización en 2000 de zonas ancestrales de la comunidad costera de Salango, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

“El hecho de que los casos vayan a la CorteIDH evidencia la falta de voluntad del Estado ecuatoriano para reparar a las víctimas directas e indirectas, en este caso los familiares de Julio García y la población de la comuna Salango”, explicó en un comunicado Catalina Reinoso, asesora legal de Inredh.

El avance en el proceso “permite que exista la posibilidad del reconocimiento de responsabilidad del Estado en la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano”, sostuvo Reinoso.

Para el Inredh, la postura de la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), supone también un llamado de atención al Estado ecuatoriano.

“Es un precedente, ya que se observa la vulneración de derechos colectivos y de comunidad, y de derechos humanos cuando existe movilización social y el uso de la fuerza en instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población, policías y militares”, añadió el Inredh en su escrito.

Sobre el caso de Julio García, el organismo defensor de los derechos humanos recordó que se trata de la muerte del fotoperiodista durante una manifestación efectuada durante el Gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), que se vio obligado a dejar el poder en medio de una oleada de protestas contra su gestión.

Según Vivian Santander, asesora del Inredh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, elevó a la CorteIDH el caso frente a la falta de respuesta del país a un informe de fondo que declaraba la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos de Julio García.

Recordó que García murió cuando cubría una protesta de grupos sociales conocidos como “Forajidos” contra el Gobierno de Gutiérrez, que ordenó una dura represión con gas lacrimógeno que afectó también a niños y ancianos que participaban en la manifestación en Quito.

“Además de su trabajo periodístico, Julio trató de auxiliar a jóvenes y niños que se encontraban en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas. Esto lo asfixió y causó su muerte”, según relató el Inredh.

Además, afirmó que en la investigación del caso “se tiene un precedente de responsabilidad, por mando”, del expresidente Gutiérrez, quien fue elegido como parlamentario en las elecciones generales extraordinarias celebradas el 20 de agosto.

“El exmandatario ha sido llamado a rendir versiones por esta investigación en varias ocasiones”, en 2019 y 2020, pero solo el pasado 12 de octubre de 2022, luego de 17 años del hecho, compareció ante la Fiscalía de su país, indicó la organización.

Según el Inredh, el relator especial de la CIDH para Ecuador, Stuardo Ralón, en una reunión de trabajo reciente, ha asegurado que “el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones con respecto al caso de Julio García”, razón por la cual el caso va a la CorteIDH.

Sobre el caso de la comunidad de Salango, el Inredh recordó que este se trata de un caso de aparente expropiación con fraude de territorios ancestrales, que también será revisado por el organismo de justicia de las Américas.

En este proceso también hay un agotamiento de recursos legales y un incumplimiento del informe de fondo de la Comisión Interamericana, por lo que el caso pasa a la Corte de San José, añadió la fuente.

Según el Inredh, el caso advierte del abandono estatal hacia la población costera de Salango, cuyos habitantes tuvieron que modificar sus condiciones de vida ante la presunta apropiación con fines turísticos de espacios ancestrales y culturales de la comunidad.

En el caso se identificó al ciudadano suizo Patrick B., quien solicitó en 2000 la venta de lotes de terreno pertenecientes a la comunidad con el argumento de construir un complejo turístico.

La denuncia señala que el suizo, mediante acciones fraudulentas, pudo conseguir las escrituras sobre una superficie de 35,26 hectáreas de terreno, que incluía caminos de acceso a zonas comunitarias.

El suizo, junto con otro ciudadano identificado como Alfonso P., construyó “bloqueos de cemento en los accesos a las playas” de la comunidad, lo que vulneró sus derechos ancestrales, según relató el Inredh en su comunicado. EFE

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