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La Asamblea regional de Córcega aprueba el proyecto para dotarse de autonomía

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La Asamblea de Córcega dio su visto bueno ampliamente mayoritario al proyecto negociado con el Gobierno francés para dotarse de una autonomía limitada, que ahora tendrá que pasar el filtro del Parlamento francés, donde su aprobación puede encontrar muchas dificultades para salir adelante.

En su página web, la asamblea regional precisó que 62 de sus 63 miembros se pronunciaron en la noche del miércoles al jueves en favor de la primera parte de ese proyecto, que prevé “el reconocimiento de un estatuto de autonomía para Córcega dentro de la República” mediante una reforma de la Constitución francesa.

El objetivo declarado de esa autonomía será tener en cuenta los “intereses propios” de Córcega por “su insularidad mediterránea, su comunidad histórica, lingüística y cultural que ha desarrollado un vínculo singular con su tierra”.

También recibió un apoyo casi unánime (62 de los 63 votos) la disposición para que los electores corsos puedan validar mediante un referéndum el texto.

Menos consenso obtuvo la parte del acuerdo alcanzado el pasado 12 de marzo entre el ministro del Interior, Gérald Darmanin, y los partidos representados en la Asamblea de Córcega, sobre las competencias que podrían transferirse.

En concreto, 13 miembros del partido de la derecha no nacionalista Un Soffiu Novu (Un Nuevo Soplo) se manifestaron en contra y uno se abstuvo, mientras los otros 49 sí adoptaron ese principio.

La razón de esas reticencias es la posibilidad de conceder un poder legislativo en ciertas materias a Córcega.

El compromiso del 12 de marzo contempla la atribución a la isla de “un poder de adaptación de las normas legislativas o reglamentarias nacionales” francesas en las condiciones fijadas por una ley orgánica.

Sobre todo, además de ese poder de adaptación, Córcega tendrá “un poder normativo propio”, legislativo o reglamentario, sobre una serie de competencias que no estarán especificadas en la Constitución, sino de nuevo en una ley orgánica que las definirá.

Las normas que aprueben el legislativo o el ejecutivo corso tendrán que respetar “las libertades públicas fundamentales” francesas y su Constitución y eso será controlado por un dispositivo en el que entrarán en juego el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional.

El proyecto de autonomía debe continuar ahora su camino en el Parlamento francés, y ahí probablemente se enfrentará a una fuerte oposición de la derecha y la extrema derecha, lo que se presenta como un obstáculo que podría ser insalvable. EFE

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