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Junta birmana condena al realizador japonés Toru Kubota a 10 años de prisión

Un tribunal militar birmano ha condenado al realizador japonés Toru Kubota a diez años de prisión por incitación a la disidencia contra el ejército y violar las leyes nacionales de telecomunicaciones, informaron hoy los medios nipones.

La sentencia fue emitida en la víspera por un tribunal de Rangún, que impuso al realizador veinteañero concretamente siete años de prisión por violar las leyes vinculadas a las comunicaciones y otros tres años por sedición, según detallaron fuentes diplomáticas a la cadena pública NHK, que publicó las informaciones este jueves.

Se desconocen los detalles concretos del fallo judicial, puesto que la sentencia se dictó a puerta cerrada y sin la presencia del abogado de Kubota, según el citado medio, y tampoco está claro cuántos años tendrá que cumplir finalmente, puesto que todavía hay abierta una causa por violar las leyes migratorias birmanas.

Kubota fue detenido el pasado julio mientras grababa unas protestas contra la junta militar en las calles de Rangún, la más grande del país, hasta donde se había desplazado el día 13 de ese mes en el marco de la elaboración de un documental.

Pocos días después de su llegada y antes de su detención, el realizador avisó a sus allegados de que militares habían entrado en su alojamiento para revisar los pasaportes de todos los clientes.

El ejército birmano acusó a Kubota de violar las leyes migratorias por entrar al país con un visado de turista para realizar actividades periodísticas, y de participar activamente en las protestas.

También alegó que el realizador había difundido información falsa durante sus informes previos sobre los rohinyás, la minoría musulmana perseguida en el país de mayoría budista.

Kubota, que ha estado detenido en la prisión de Insein, fue sentenciado por un tribunal establecido en el propio centro y todavía queda por resolver la acusación referente a la violación de las leyes migratorias, cuya vista será el próximo miércoles, según filtraciones diplomáticas a la agencia de noticias japonesa Kyodo.

La pena máxima para esa infracción es de dos años de cárcel.

El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania en una crisis política, económica y social, con enfrentamientos entre las fuerzas de la junta y opositores, y un aumento de la represión.

Según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos más de 2.100 personas han muerto por la represión de las autoridades, mientras que casi 15.000 han sido detenidas de forma arbitraria.

EFE

JBR

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