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Redes Sociales

Gobierno chileno denuncia la “misoginia” de los ataques a la nueva ministra de Cultura

La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, denunció hoy como un acto de “misoginia” y “violencia política” los ataques que a través de las redes sociales se lanzaron contra la nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

“Atacar a la recién asumida ministra de culturas Carolina Arredondo difundiendo escenas de series o reparando en accesorios de vestimenta es un claro ejemplo de la misoginia y violencia política que se les sale a algunos cada vez que somos parte de la toma de decisiones. ¿Avancemos?”, publicó la ministra Orellana en su cuenta de Twitter.

La secretaria de Estado hizo referencia al tweet del diputado ultraderechista Gonzalo de la Carrera, que registra ya varias controversias, donde difundió imágenes de una serie nacional donde trabajó Arredondo afirmando que es una “una actriz con tintes porno”.

“La legítima crítica política no puede fundarse en estereotipos sobre el vestuario ni menos sobre la estigmatización de la labor actoral (…) Llamamos a los sectores que dan tribuna y cupos en comisiones al diputado Gonzalo De la Carrera a reaccionar firmemente”, señalaron por su parte parlamentarios del pacto Apruebo Dignidad, que reúne a partidos del gobierno.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó ayer su tercer cambio de gabinete en poco menos de año y medio y removió a los ministros de Educación, Minería y Bienes Nacionales y Cultura.

Los ministros Marco Antonio Ávila (Educación), Marcela Hernando (Minería), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Jaime de Aguirre (Cultura) fueron sustituidos por Nicolás Cataldo, Aurora Williams, Marcela Sandoval y Carolina Arrendondo, respectivamente.

El ajuste ocurre tras semanas de presiones por parte de la oposición y tras la renuncia el pasado viernes como ministro de Desarrollo Social de Giorgio Jackson, “mano derecha” de Boric y acorralado desde junio por una trama de supuestas subvenciones ilegales a fundaciones privadas. EFE

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