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Francia endurecerá el acceso a la nacionalidad en Mayotte por la inmigración

El Gobierno francés tiene intención de reforzar todavía más la legislación de excepción que aplica en Mayotte para acceder a la nacionalidad con el fin de tratar de frenar así la llegada desbocada de inmigrantes en situación irregular en un archipiélago donde casi la mitad de la población son extranjeros.

El anuncio lo hizo este domingo el ministro del Interior, Gérald Darmanin, con ocasión de su primer día de visita a la principal isla de este pequeño archipiélago francés en el Índico, que dedicó a supervisar el dispositivo de lucha contra la inmigración clandestina.

En una entrevista publicada por Le Journal du Dimanche, el ministro explicó que para que a un niño nacido en Mayotte se le reconozca la nacionalidad francesa, uno de sus padres tendrá que estar allí de forma regular desde al menos un año, y no tres meses como hasta ahora.

En definitiva, “antes de la concepción del niño, habrá que estar en situación regular”, precisó.

Eso significa que la normativa se alejará todavía más en ese punto de la que rige en el resto del territorio francés, el “ius soli” o derecho del suelo.

Para evitar los fraudes con certificados de paternidad para niños inmigrantes recién llegados emitidos por habitantes locales con nacionalidad francesa o por extranjeros con papeles, se va a revisar “integralmente” el mecanismo de reconocimiento.

Esos padres tendrán que probar que mantienen a los niños durante tres años, y no dos como hasta ahora.

Por último, en un próximo proyecto de ley sobre la inmigración, se agravará la calificación penal de las formas más graves de tráfico de personas, cuando delincuentes organizados amontonen a los migrantes en camiones o en barcos y provoquen por ello la muerte de algunos de ellos. De esa forma, podrán ser condenados a penas de más de diez años de cárcel.

Darmanin justifica los cambios porque “la situación es muy preocupante” en Mayotte y “crea una enorme delincuencia porque acogemos mal a los recién llegados, que a menudo no viven más que de rapiña, de prostitución, de trabajo ilegal y en condiciones de insalubridad inadmisibles”.

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El hecho de que casi la mitad de la población de la isla (que es de 350.000 a 400.000 personas) sean extranjeros se explica en primer lugar por la llegada continua de inmigrantes, sobre todo del archipiélago vecino de las Comores para beneficiarse de los servicios sociales, y por una muy alta natalidad.

En total, el número de habitantes se cuadruplicó entre 1985 y 2017, según el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

Esa situación explosiva provoca regularmente altercados, como esta misma semana. El miércoles, en la ciudad de Kawéni se produjeron enfrentamientos entre delincuentes y las fuerzas del orden cuando los agentes de la policía de fronteras organizaron un control. Algunos participantes en los disturbios aprovecharon el caos para librarse a saqueos.

El Gobierno de Emmanuel Macron, se esfuerza en destacar que en 2021 expulsó a 23.000 migrantes sin papeles de ese territorio. Supone un 78 % más que en 2020, pero ese año había estado marcado por la covid y las restricciones de Comores para aceptarlos.

El titular de Interior estuvo esta tarde en el puerto de Dzaoudzi de donde parten los barcos de la Gendarmería que tratan de interceptar en el mar las pateras de inmigrantes, pero también de requisar mercancías ilegales que llegan de las Comores.

Poco antes, había estado en el aeropuerto de Pamandzi, donde se le presentó un avión que sirve para seguir el rastro de los traficantes.

Los representantes políticos de Mayotte reclaman, entre otras cosas que haya un destacamento de Frontex, la agencia europea de control de fronteras. Hasta ahora sin éxito.

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