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Redes Sociales

Fiscalía tunecina investiga páginas en redes sociales críticas con el presidente

La Fiscalía tunecina anunció la apertura de una investigación penal contra una decena de páginas de internet y perfiles en redes sociales críticos con el presidente Kais Said por un supuesto delito de “daños a la reputación y a la seguridad pública” según el polémico decreto ley de ciberseguridad, que prevé penas de hasta diez años de cárcel.

En una declaración a la agencia estatal TAP, el portavoz del Tribunal de Apelación de Túnez, Habib Torkhani, ofreció una lista nominativa de las páginas imputadas y explicó que se llevará a cabo la identificación de sus creadores y administradores que se encuentran en el extranjero.

“La misma suerte correrá quien contribuya o participe en la publicación o difusión del contenido de estas páginas”, advirtió el responsable.

Todas ellas son de contenido político como “Politiket”, con cerca de 300.000 seguidores y crítica con el mandatario y su entorno, al que acusa de “golpe de Estado”. También se encuentra el activista político Haykal Dkheel, que cuenta con 6.000 seguidores y aborda la actualidad, o “Al mared Tounsi”, que reclama una “purga” en el Ministerio del Interior.

A mediados de agosto los Ministerios de Justicia, Interior y Tecnologías lanzaron un proceso contra las páginas y cuentas en redes sociales e internet que difundan noticias falsas, rumores y datos inexactos para dañar la reputación, violar los derechos de terceros, socavar la seguridad pública y la paz social y perjudicar los intereses del Estado tunecino.

Horas antes, los tres responsables se reunieron con Said, que calificó la situación de “anarquía” y propuso que la Agencia Nacional de Seguridad Informática colabore con otros estados para prevenir dichos delitos.

“Las amenazas de muerte, la indignidad, la difusión de rumores y los insultos no tienen nada que ver con la libertad de pensamiento o la libertad de expresión”, señaló el comunicado de Presidencia, en el que acusó a estos grupos de interés de intentar “sembrar el caos y desestabilizar el país”.

El decreto 54, aprobado unilateralmente en septiembre del pasado año por el dignatario- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para “preservar la paz social”- ha sido duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos y sindicatos de periodistas, que reclaman su revocación al considerar que atenta contra la libertad de expresión y ataca a la disidencia.

En noviembre, el director y un periodista del diario digital Business News fueron citados por la Justicia después de publicar un artículo crítico con el primer año de mandato de la entonces primera ministra, Nedjla Bouden.

El corresponsal Jalifa Guesmi fue condenado en mayo a cinco años de cárcel después de informar del desmantelamiento de una presunta célula yihadista y negarse a revelar sus fuentes.

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Túnez cayó 21 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa, uno de los grandes logros de la revolución de 2011, hasta situarse en el puesto 94 de un total de 180 países. EFE

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