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Fiscalía peruana investigará a congresista por presuntos cobros irregulares

La Fiscalía de la Nación (general) de Perú abrió este martes una investigación preliminar contra la congresista Rosío Torres, integrante de la Comisión Ética del Parlamento, por supuestamente obligar a sus trabajadores a depositar parte de su sueldo a un sobrino suyo, según reveló un reportaje periodístico.

“Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Rosío Torres Salinas como presunta autora del delito de concusión (corrupción) por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho”, informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial de Twitter.

Agregó que la pesquisa también comprende al sobrino de la legisladora, Juan Daniel Pérez Guerra, como “presunto cómplice” del mismo delito.

El caso de Torres, del partido derechista Alianza para el Progreso (APP), se divulgó el último domingo en el programa “Punto final” de la televisión local Latina, que denunció que la congresista obligó al menos a cinco trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a su pariente.

Tras la divulgación de este reportaje, el grupo parlamentario de APP emitió en las redes sociales un comunicado en el que solicitó a Torres unas “aclaraciones públicas” y convocó a una reunión para “recibir sus descargos y determinar si existen responsabilidades”.

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También anunció que, a fin de “garantizar la independencia en las investigaciones”, se procederá con el cambio de Torres de la Comisión Ética, la encargada de promover la ética parlamentaria y prevenir actos contrarios a la misma.

La congresista, por su parte, publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de Twitter, donde negó “tajantemente que haya requerido, directa o indirectamente, pago alguno a los trabajadores de su despacho” y negó “cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados”.

“Este despacho congresal solicitará una investigación exhaustiva sobre los hechos expuestos”, se lee en el comunicado, en el que Torres también afirmó que “se pone a disposición de las autoridades respectivas y solicitará licencia de la Comisión de Ética en tanto se esclarecen los hechos”.

EL REPORTAJE

El reportaje de “Punto Final” mencionó varios casos, entre ellos el de Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres entre julio y agosto del año pasado y, en ese período, supuestamente transfirió a su sobrino unos 24.562 soles (unos 6.530 dólares).

También revela el caso de Jesús Sierra Tapia, el asesor principal de la congresista que depositó unos 4.400 soles (unos 1.170 dólares) al mismo familiar de Torres y el de otra congresista, cuyo nombre está en reserva, quien transfirió unos 6.850 soles (unos 1.820 dólares).

Esta última, además, sostuvo que la parlamentaria y su sobrino obligaban a que esta “colaboración” fuese de hasta un tercio del salario de trabajador y que el monto se duplicara en los meses en los que hay pagos de gratificaciones y bono de escolaridad. 

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