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Fiscales y jueces

Recientemente, a manera de despedida, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que había infinidad de presos INOCENTES. Tal aseveración proveniente de un personaje tan destacado causa conmoción, ante un verdadero acto de perversidad que, sin lugar a duda, llega a la comisión de graves ilícitos, producto de la acción de funcionarios públicos, considerado agravante y que se ubica dentro de la privación ilegal de la libertad, simplemente un secuestro con tintes legaloides. Al decirlo, Zaldívar es indudable que tiene pruebas que lo obligan a actuar en consecuencia para evitar actos de complicidad.

Acudir a una fiscalía, antes Ministerio Público, pero cuyo cambio de nombre para nada sustituyó su conducta corrupta, implica adentrarse en la más absoluta inmoralidad, son auténticas “cuevas de Alí Babá” que provocan un ambiente de inseguridad en todo el país. Los fiscales generales son personajes desconocedores en manera casi total del derecho punitivo; han llegado a esos cargos por el amiguismo y componendas en los altos círculos del poder, por tanto, actúan con plena impunidad. 

Zaldívar hizo bien en señalarlos culpables de mantener en la cárcel a inocentes, pero también debe aceptar que hay una inmensa cantidad de jueces pícaros, sátrapas e indignos “inquisidores de la ley” que crean un binomio antisocial: fiscales y jueces a quienes solo les interesa el dinero mal habido y la venta descarada de resoluciones, circunstancia que bien sabemos, primordialmente afecta a las clases modestas; esto último en función de que en los ámbitos penales el dinero se utiliza para “encerrar” a inocentes, mientras miles de culpables continúan su carrera delictiva en libertad.

El Presidente de la Corte ha hecho estos cuestionamientos cuando está a punto de dejar su cargo y resultan por demás un mensaje para quien lo suceda en el mes de enero, contienda a la que ya se han inscrito 5 de los 11 ministros, para continuar en ocasiones con un trabajo decepcionante como lo constituye alcanzar el tan esperado sentido de la legalidad, donde se desea lograr darle validez al aforismo jurídico de “darle a cada quien lo suyo” y con ello, lograr que la justicia sea pronta y expedita.

Lo manifestado por Zaldívar implica la necesidad de que el ejecutivo federal, presente una iniciativa para dar un viraje de 180 grados a la designación de fiscales y jueces; en la actualidad estos tortuosos personajes son nombrados siempre dentro de una “camarilla de poder” donde sin mayor delicadeza, insistimos, se nombran jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte a personas incondicionales del poder público. Es inaceptable que quien pretende actuar en nombre de la sociedad no sea designado por la misma; sostenemos la teoría de que todos los jueces y fiscales deben ser electos por el pueblo. 

La tesis contraria señala de manera pomposa y presuntuosa que los jueces y Fiscales deben ser técnicos, sin la intervención del voto popular, así, les dan esa responsabilidad a órganos colegiados, generalmente al poder legislativo, donde se incrementan los “intereses creados”, “los arreglos bajo la mesa” y la designación de tan importantes agentes sociales se resuelve por compromisos.

La postura de que afirman que la población no está preparada para elegir a sus jueces y fiscales nos recuerda los planteamientos de hace más de un siglo, en cuanto a que al pueblo se le considera incapaz. Es imprescindible de una vez por todas respetar la opinión de las mayorías, justo lo que ha expuesto el actual mandatario, por lo que hace a los árbitros electorales y en el mismo renglón, se debe aceptar que nuestros jueces en todos los ámbitos deben llegar por la decisión del ciudadano. Solo por precisar, tal ejercicio democrático se practica en diversidad de países, lo que da pauta a que fiscales y jueces sean más comprometidos con la sociedad que los elige y ello constituirá un importante avance para mejorar la diezmada pobreza y corrupción en la procuración y administración de justicia.

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