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Fiscal general de Florida apoya a Texas en demanda por política migratoria

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, presentó un escrito ante la Corte Suprema de EE.UU. en el que cuestiona que el Gobierno del presidente demócrata Joseph Biden pueda ignorar leyes aprobadas por el Congreso que ordenan deportar a inmigrantes indocumentados condenados por delitos penales.

En el escrito, en apoyo de las autoridades de Texas demandadas por la Fiscalía General de EE.UU., la fiscal argumenta que una política de Biden permite que los delincuentes permanezcan en el país.

Moody, que a su vez tiene planteada una demanda contra el Gobierno por su política migratoria, argumenta ante la Corte Suprema que es el Congreso y no el Ejecutivo el que legisla sobre inmigración y que, aunque este último tiene potestad para promulgar o no las leyes, esa capacidad es limitada.

“La negativa de Biden a promulgar leyes federales de inmigración aprobadas por el Congreso está poniendo en peligro la seguridad pública y (a ella) como fiscal general”, subrayó.

Según el escrito, Florida gasta más de 130 millones de dólares al año en encarcelar a aproximadamente 7.000 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales.

El Congreso ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arrestara a los inmigrantes indocumentados con ciertas condenas penales al ser liberados de la custodia y los detuviera para los procedimientos de deportación.

Sin embargo, bajo la Administración de Biden, el DHS ordenó a los funcionarios de inmigración que prescindieran de las categorías estatutarias creadas por el Congreso, alegó Moody.

“Como resultado, el DHS autorizó a los funcionarios de inmigración a violar su deber de arrestar a los delincuentes extranjeros cuando Florida los libere de la custodia estatal”, dijo.

Eso obliga a Florida a “gastar recursos en la liberación supervisada y vigilar la reincidencia de los delincuentes extranjeros que deberían estar bajo custodia federal y expulsados de los Estados Unidos”, agregó que varios estados, entre ellos Florida, demandaron al presidente Biden por no cumplir con los deberes requeridos por el Congreso al crear prioridades de control de inmigración ilegales.

La demanda se encuentra actualmente suspendida en espera de la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos en el caso contra Texas. 

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