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En el estado de Guerrero, niños reciben armas para defenderse del crimen organizado

EFE/José Luis de la Cruz
EFE/José Luis de la Cruz

En el remoto municipio de José Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero, México, la desesperación ha alcanzado niveles insospechados. Niños, con edades comprendidas entre los 11 y 15 años, han tomado la inaudita decisión de empuñar armas para proteger a su comunidad. Mientras tanto, un grupo de adultos se aplica en la búsqueda desesperada de una familia desaparecida desde el 19 de enero.

La dramática situación se desarrolló el miércoles pasado en la comunidad indígena de Ayahualtempa. Allí, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) juramentó a cinco niñas y quince niños, dotándolos de armas rudimentarias, además de rifles improvisados con carrizos.

Luis Morales Rojas, miembro de la CRAC-PF y del Consejo del Gobierno Náhuatl, informó que los jóvenes mayores participarán en la búsqueda de una familia secuestrada, mientras que los demás se encargarán de tareas de vigilancia.

La CRAC-PF capacitó a estos menores en el manejo de armas, incluyendo rifles calibre 22, escopetas de diferentes calibres y pistolas. Durante la asamblea que congregó a alrededor de mil personas de origen nahua, se hizo un llamado urgente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, solicitando su intervención para localizar a la familia indígena desaparecida.

La familia en cuestión está compuesta por Cecilia Gaspar Hernández (50 años), su esposo José Teodoro Domingo Ortiz (52 años) y sus hijos Roberto y Gaudencio (30 y 22 años). Todos ellos fueron plagiados el 19 de enero mientras pastoreaban su ganado en Zacatepec. En un acto preocupante, los menores, la mayoría portando armas reales y otros con simples carrizos, exhibieron movimientos de entrenamiento armado en la cancha deportiva del pueblo.

DESESPERACIÓN ANTE RESURGIMIENTO DE LA VIOLENCIA

La decisión de incorporar a menores a la CRAC-PF se tomó durante una asamblea el pasado lunes 22, liderada por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la propia CRAC-PF.

Según Luis Morales Rojas, la medida se adoptó “ante el resurgimiento de la violencia” atribuida al grupo delictivo Los Ardillos, señalados como responsables de ataques y secuestros en la región.

Morales Rojas hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que brinden apoyo con agentes de seguridad, denunciando la falta de respuesta y la creciente amenaza de Los Ardillos. Afirmó que su comunidad no ha provocado a nadie, pero son víctimas de una violencia incesante.

De acuerdo con registros oficiales, Los Ardillos han sembrado el terror en la zona central de Guerrero, enfrentándose a otros grupos delictivos. Las autoridades comunitarias, tras la asamblea, reiteraron la legalidad de la actuación de su policía comunitaria y exigieron respeto, desafiando a cualquier autoridad a presentar acusaciones en su contra.

“Recordamos a las autoridades que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución mexicana, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero, así como el Convenio, 169, de la OIT”, señalaron.

En una zona donde la inseguridad y la violencia han forzado la integración de niños a la Policía Comunitaria, las autoridades locales reclaman garantías de seguridad.

 

DOLOR E INDIGNACIÓN

En este tenor, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) fijó su postura el jueves 25, anotando que expresan su dolor e indignación por el impacto que la inseguridad y la grave crisis de desapariciones y violaciones a los derechos humanos está teniendo en la niñez y adolescencia mexicana, especialmente en Guerrero, “donde nuevamente observamos con preocupación que al menos 20 niñas, niños y adolescentes se han sumado a las filas de las autodefensas en la localidad indígena de Ayahualtempa…”.

En un boletín, el organismo expresó que, “si bien es cierto que incorporarles en estas actividades puede tener implicaciones legales, condenamos ante todo la omisión y la falla de las autoridades en las tareas de seguridad que hoy han llevado a niños, niñas y adolescentes a encabezar acciones armadas como último recurso para defenderse, luego de que un grupo armado secuestrara a cuatro personas de la comunidad nahua”.

Agregaron: “Desde REDIM rechazamos que se arme a la niñez y adolescencia, desde los juguetes bélicos hasta las expresiones reales o simbólicas. Sin embargo, observamos que se trata de un acto desesperado y extremo ante la imposibilidad de tener seguridad en su entorno. Indudablemente se trata de niños y adolescentes que deberían estar en la escuela, pero vale preguntarse cómo se garantiza este derecho a la educación en comunidades (de Guerrero, pero también de Chiapas en los últimos meses) que deben cancelar clases al no tener garantías de vida para docentes y estudiantes.

Remataron su comunicado con un llamado a las autoridades y a la sociedad a mantener la mirada vigilante sobre las infancias y adolescencias, lo mismo ante la participación directa de niños, niñas y adolescentes en estos actos que enfrentan y las causas que la propician.

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