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El oscuro acuerdo de privacidad de datos de Google con el gobierno de EEUU

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La gigantesca empresa de tecnología Google firmó en 2011 un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, que estipuló el denominado decreto de consentimiento con una vigencia de 20 años; es decir, hasta el 2031 debe mantener una serie de requisitos que provean una privacidad integral.

Al respecto, este decreto fue designado solo para Google con la precisión de que la empresa mantenga un “programa de privacidad integral” y permita evaluaciones externas de sus prácticas; sin embargo, el buscador no fue el único que se acogió a esta medida porque en 2012 la FTC firmó con Facebook –actualmente Meta– un documento de consentimiento respecto al uso de datos de características similares.

Estos decretos fueron generados como una medida por acabar con el engaño a los usuarios respecto a sus datos enmarañados bajo una serie de políticas y configuraciones de uso de las plataformas referidas que, debido a la exigencia pública, se convirtieron en compromisos con el Gobierno.

Cabe resaltar que estas regulaciones fueron acciones que los reguladores de Washington tomaron por obligación porque en Estados Unidos no existía ninguna ley respecto a la privacidad de datos digitales dentro del uso de redes sociales o portales de internet.

Para los expertos, a pesar de las constantes noticias derivadas del Congreso estadounidense no creen que el mismo pueda actuar en el corto plazo porque hasta hoy las únicas medidas –además de las multas tras los juicios–, han sido estos decretos de consentimiento; es decir, el caso de Google fue el primer ejercicio que simplemente se repite sin llegar a consolidarse una ley concreta.

EL PIONERO

Las acciones de la FTC contra Google se debieron al desaparecido Google Buzz que fue lanzado en 2010 y sobrevivió menos de dos años debido a su desempeño; sin embargo, lo resaltante de este producto tecnológico fue que su mal manejo de datos provocó tal escándalo que obligó a crearse una de las primeras reglamentaciones legales para el mundo virtual.

El problema con Google Buzz es que cuando un usuario se inscribía, el buscador automáticamente creaba una red de contactos a los que le enviaban una serie de correos que realizaban la exposición de direcciones de correo privadas y de una serie de relaciones secretas; algo que desató las quejas de los afectados.

Firmado el acuerdo, Google estuvo obligado a ser sincero con los usuarios respecto a la recopilación de sus datos, incluidos sus nombres, números de teléfono y direcciones; ante ello, la empresa estableció un equipo central de privacidad por primera vez en su existencia.

No obstante, en el camino tuvieron algunas fallas; por ejemplo, en 2012 la empresa tuvo que pagar 22.5 millones de dólares –la multa más alta impuesta por la FTC– para resolver un cargo legal que denunciaba que Google había violado el acuerdo Buzz al anular una función de bloqueo de cookies en el navegador Safari de Apple para rastrear personas y mostrar anuncios dirigidos.

Asimismo, creó una burocracia dedicada a la privacidad que ha colocado como lema el que revisar los requisitos de privacidad es lo más importante, antes de emprender cualquier acción; con ello, se han contratado cientos de expertos en privacidad repartidos por las muchas divisiones de Google, quienes revisan cada lanzamiento de producto, desde un pequeño ajuste hasta el debut de un servicio completamente nuevo como el chatbot de inteligencia artificial Bard, hasta una encuesta de marketing enviada a menos de mil personas.

NOVEDADES EN EL CAMINO

Los especialistas consideran que, si bien el decreto de consentimiento de Google –y el de las otras empresas– es un mecanismo importante, no cuenta con una adecuada transparencia respecto a su funcionamiento, porque uno de los puntos establecidos es que el mismo requiere que una empresa consultora lo certifique ante la CFT cada dos años.

Es decir, la empresa Ernst &Young –que trabaja con Google– debe certificar que las barreras de seguridad de su cliente son razonables; sin embargo, la FTC ha venido redactando una serie de copias públicas indicando que los “secretos comerciales” respecto a su evolución del cuidado de datos es de uso privado, con lo que los usuarios se ven en la imposibilidad de conocer los resultados de las evaluaciones o de los nuevos métodos efectuados por las empresas.

Al respecto, Al Gidari, uno de los abogados que manejó el acuerdo Buzz de la FTC para Google, se muestra entusiasmado y reveló a la revista especializada The Wire: “Google y sus usuarios están mejor con el decreto; es más, se podría decir que, de no ser por ello, no quedaría nada de nuestra privacidad”.

No obstante, los escándalos de privacidad de Meta muestran el poder limitado de los decretos de consentimiento para fomentar el buen comportamiento; asimismo, la mayor pelea legal en la que se encuentra podría cambiar el destino porque la falla señalada por la empresa de Zuckerberg, es que las evaluaciones exigidas por el decreto no detectaron las deficiencias, por ello deberían ser exentos de sanciones.

Ante los posibles escenarios, los especialistas consideran que, si la FTC –cuya presidenta es Lina Khan, quien ha hecho de la lucha contra las grandes empresas tecnológicas su prioridad– ganase el juicio, podría presionar de forma más aguerrida y, a la larga, debilitar los decretos al hacer que las empresas sean más propensas a correr el riesgo de acudir a los tribunales, en lugar de firmar un acuerdo que luego podría revisarse unilateralmente.

Pero si ganase Zuckerberg, otras empresas podrían intentar luchar contra la FTC sin desear sentarse a dialogar y lograr un acuerdo; es decir, cualquier resultado aumentará la presión sobre los legisladores estadounidenses para que establezcan medidas universales y precisas que definan, a su vez, el poder de la Comisión Federal de Comercio.

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