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El mayor sindicato italiano pide a Meloni una gran negociación en materia laboral

El secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el mayor sindicato del país, ha escrito a la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, para pedirle que reúna a las partes sociales para “abrir un diálogo negociador” sobre aspectos laborales como el aumento de los salarios y las pensiones, la renovación de los convenios colectivos o la creación de un salario mínimo.

Es necesario “superar una precariedad en el trabajo que ya no es sostenible: es hora de afirmar la estabilidad en las relaciones laborales y la igualdad de derechos entre todas las personas que tienen que trabajar para vivir”, asegura Maurizio Landini en la misiva.

El llamamiento sindical ha pillado por sopresa al Gobierno de Meloni, muy criticado por medidas como la desaparición de la renta de ciudadanía, un polémico subsidio para las familias que la primera ministra prometió eliminar al llegar al poder, o el rechazo de un salario mínimo, que para la oposición de izquierdas y los sindicatos fomentan “un desastre social”.

En la carta, publicada en la web de la CGIL, que cuenta con más de 5 millones de inscritos, Landini enumera los aspectos más importantes a tratar, empezando por “una verdadera protección y aumento del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones”, que, resaltan los sindicatos, se han visto afectados por la alta inflación de los últimos meses.

Landini también destaca “la renovación de convenios colectivos de trabajo público y privado” tanto “en términos de recursos a incluir en la ley de Presupuesto, como en términos de recuperación de retrasos en las renovaciones y de intervención fiscal para apoyar los aumentos salariales netos ajustados a la situación inflacionaria”.

Y se hace referencia a la importancia de “elaborar una ley que anule los contratos piratas” y que se establezca “una cuota de salario mínimo por hora válida para todos los contratos nacionales”.

La aprobación de un salario mínimo en Italia, uno de los pocos países europeos que no lo tienen, es un tema de debate nacional en los últimos meses.

El mes pasado, la coalición conservadora en el Gobierno ya tumbó un proyecto de ley que había presentado la oposición para introducir un salario mínimo de 9 euros por hora que habría beneficiado a 3,6 millones de “trabajadores pobres”, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat).

Para Landini, es hora de “superar una precariedad en el trabajo que ya no es sostenible: es hora de afirmar la estabilidad en las relaciones laborales y la igualdad de derechos entre todas las personas que tienen que trabajar para vivir, lo que también se aplica al sistema de trabajo por contrato”.

Y concluye pidiendo que se negocie asimismo “la aplicación de un plan extraordinario de contratación en todo el sector público (desde la salud hasta la educación), incluida la estabilización del personal aún precario”. EFE

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