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Deudores alimentarios no podrán ocupar cargos públicos

Pedro Hernández Müller

Garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de niños y jóvenes en nuestro país, es quizá una de las tareas más complicadas por cumplir, no sólo por la situación económica nacional, sino también por las actitudes desobligadas que tienen varios padres mexicanos.

La separación de los padres, en la mayoría de los casos, conlleva la separación de los hijos, pues en muchos de estos casos, los padres o madres toman a los mismos como estandarte para pelear en los juzgados y hacer peticiones extravagantes, mismas que no siempre se obtienen, pues la mayoría de los demandados hacen todo lo posible para evadir las obligaciones de casa, sustento y necesidades básicas que tienen para con los hijos.

Como bien sabemos, son muchas las parejas que a la hora de divorciarse hacen acuerdos referentes a las pensiones que deben brindar a los hijos, pero de igual manera, es sabido que muchas veces estos acuerdos no se cumplen, o los padres dan el dinero cuando se les ocurre, a veces incompleto, a veces fuera de tiempo, otras más cada que ellos quieren, (no mensual como debe ser).

De acuerdo con Mayuli Latifa Martínez, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la pensión alimenticia es uno de los factores más importantes para el bienestar, seguridad social y económica de los menores, con el inconveniente que, en siete de cada 10 divorcios, los padres no cumplen con dicha pensión.

Debido a lo anterior, fue que los legisladores se dieron a la tarea de modificar la ley a manera de que los hijos puedan tener cubiertos los gastos básicos de su manutención, de ahí que los deudores alimentarios, ya no podrán evadir sus obligaciones, pues ahora habrá serias consecuencias.

LAS NUEVAS REGLAS

Es así como se reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que planteó un registro nacional de obligaciones alimentarias, el cual concentrará la información de las personas deudoras alimentarias, que será homologado a nivel nacional, para que, de esta forma, las autoridades de los tres órdenes de gobierno pidan como requisito para diversos trámites y hasta para trabajos la presentación del certificado de no inscripción como deudores alimentarios.

Los trámites en que se pedirá este documento son: pasaporte o documentos de identidad y de viaje; candidatos a cargos de elección popular, participación en procesos de selección como juzgadores, tanto a nivel local como federal; trámites notariales; licencias y permisos para conducir; transmisión de derechos reales y solicitudes de matrimonio.

También se contemplan medidas de restricción migratoria para impedir que los deudores alimentarios puedan salir del país como forma de evasión de obligaciones.

El Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo de este año publicó las modificaciones y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias, especificando que los derechos alimentarios comprenden alimentación, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica, asistencia médica-hospitalaria, educación y la formación para proporcionar un oficio o profesión.

Un aspecto importante a considerar, es que en caso de que los menores cuenten con alguna discapacidad se debe proporcionar lo necesario para su habilitación, rehabilitación y desarrollo.

El registro de deudores alimentarios se actualizará de manera mensual, además, si el deudor llegara a cambiar de empleo y domicilio, debe proporcionar los nuevos datos de su cargo y salario.

Cabe mencionar, que el patrón de algún deudor alimentario está obligado a informar correctamente sobre los ingresos y actividades del demandado y, en caso de no brindar los datos correctamente, será sancionado y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que le cause al menor por sus omisiones o falsedades.

El apoyo de las feministas y legisladoras a esta ley se manifestaron de varias maneras, de hecho, en algunos estados del país se hicieron los “tendederos del deudor” en los cuales exhibieron a aquellos padres que no quieren pagar las pensiones alimenticias.

La diputada priísta Tania López señaló que estas modificaciones a la ley representan un avance fundamental en la lucha de las mujeres que buscan garantizar una vida libre de violencia.

Mientras que la morenista Ana Francis López dijo estar a favor de que los deudores no puedan ocupar un cargo público, pues alguien que no pasa pensión alimenticia ni se ocupa de sus propios hijos, no tiene derecho a tomar decisiones públicas.

De manera que ahora, los padres irresponsables deberán pensar dos veces el hacer a un lado sus obligaciones, pues con las modificaciones nacionales, no les será tan fácil moverse de un lugar a otro para evadir sus responsabilidades.

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