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Denuncian retraso judicial en consulta contra explotación petrolera de Yasuní

El colectivo ambientalista Yasunidos, que promueve en Ecuador una consulta popular para prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, solicitó este martes sancionar a la jueza de la Corte Constitucional que debe revisar la pregunta propuesta para el plebiscito.

En una rueda de prensa ante la sede de la Corte Constitucional, los representantes de Yasunidos denunciaron que la jueza Carmen Corral, que debe llevar esta causa, ha demorado 150 días sin notificar su conocimiento sobre ella, lo que consideran un “retraso injustificado” que vulnera sus derechos.

Así, el grupo promotor de la consulta presentó un documento ante la Corte en el que solicita al pleno del máximo tribunal de garantías de Ecuador que sancione a la magistrada y vuelva sortear a un nuevo juez ponente para esta causa.

Entre los derechos que consideran vulnerados están el de la tutela judicial efectiva y la no discriminación.

El portavoz de Yasunidos, Pedro Bermeo, aseguró que otras iniciativas de consulta popular que llegaron a la Corte Constitucional después de la suya fueron resueltas diligentemente, entre ellas una promovida por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

“En ningún lado de la Constitución o de la ley establece que una petición de consulta popular del presidente es más prioritaria que otra del resto de ciudadanos”, sostuvo Bermeo, quien señaló que la revisión de las consultas debe ser realizada por orden cronológico.

El portavoz indicó que el pleno de la Corte Constitucional debe responder por escrito a la petición de sanción de la jueza y que, en caso de no hacerlo, debe justificarlo debidamente.

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Yasunidos presentó en 2014 unas 757.000 firmas de respaldo para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo en dejar bajo tierra las reservas de crudo descubiertas en el llamado eje ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) del Yasuní, considerada como una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del planeta.

Sin embargo, estas firmas, equivalentes al 5 % del padrón electoral en el momento que se solicitó la consulta, no fueron aceptadas hasta que la Corte Constitucional ordenó una revisión del proceso, de modo que, tras ocho años de litigio, Yasunidos consiguió la validación de las firmas en 2022.

“¿Está de acuerdo o no en mantener el petróleo de los Bloques 31 y 43 del Yasuní-ITT bajo el subsuelo?”, es la pregunta de la consulta popular que ahora debe determinar la Corte Constitucional si los efectos de la respuesta que se obtenga no transgreden los derechos contemplados en la carta magna ecuatoriana.

El Parque Nacional Yasuní es el área natural protegida más grande del territorio continental de Ecuador y en su interior alberga una de las mayores concentraciones de vida del planeta, con más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.

Dentro del Yasuní también están territorios indígenas como el de la nacionalidad waorani y otros pueblos que viven en aislamiento voluntario como los tagaeri y taromenane, cuyo caso está pendiente de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que debe determinar si la actividad petrolera está afectando a su forma de vida, a sus derechos y a su espacio ancestral.

De los Bloques 31 y 43, cuyos pozos están perforados en algunos casos cerca a los límites de la zona declarada como intangible del Yasuní, salen diariamente unos 60.000 barriles de crudo, que equivalen a la octava parte de la producción nacional, ascendente en la actualidad a 480.000 barriles al día.

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