Más

Suscribirse

Redes Sociales

Denuncian nueva captura contra el hijo de un líder indígena y ambientalista en El Salvador

X
X

El líder indígena salvadoreño Silverio Morales y cuatro organizaciones civiles denunciaron que la autoridades “recapturaron” a su hijo Levi Morales tras ser liberado por orden judicial en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

“Mediante una visita al tribunal que lleva la causa, hemos tenido conocimiento que el día 30 de noviembre del corriente año Levi Morales fue ‘puesto en libertad’ pero de forma inmediata fue capturado nuevamente”, indicaron en un comunicado.

Agregaron que no conocen “los motivos y fundamentos jurídicos, ya que la misma Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado su inmediata libertad”.

“La recaptura del joven Levi Morales implica desconocer la petición de libertad que la misma Fiscalía hizo al juzgado que ventila el caso y, además, una desobediencia a la resolución judicial que ordenó su libertad”, recalcaron.

Además, indicaron que esta detención podría tener “implicaciones penales para los funcionarios responsables, las cuales la misma FGR debería investigar”.

“Desde hace más de un año venimos denunciando públicamente la captura y procesamiento arbitrario de Levi Morales” y “hemos exigido se respete el debido proceso, y se cumpla con la garantía de pronta y cumplida justicia, de tal modo que se esclarezca el hecho y se le ponga en liberta”, sostuvo el líder indígena.

Pidieron al fiscal general, Rodolfo Delgado, que “revise la razón de por qué no se ha dado cumplimiento a la orden de libertad” y al Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, que lleva la causa, que “haga cumplir su resolución” de libertad.

Además de Morales, el comunicado fue firmado por el Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), la Asociación de Estudiantes de Derecho, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 20 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 73.800 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias han registrado al menos 5.775 “víctimas directas”, de las que más del 50 % son jóvenes y la gran mayoría habría sufrido detenciones arbitrarias. EFE

Compartir Nota

Redes Sociales

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *