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Defensa e Interior consideran “inaceptable extrema violencia” en Perú

Los ministerios de Defensa y del Interior de Perú consideraron “inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden” durante las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollan desde diciembre pasado, principalmente en el sur del país.

Los ministerios emitieron este martes un comunicado conjunto en el que deploraron “rotundamente los ataques contra 13 dependencias policiales, registrados en los últimos días, por parte de extremistas violentos que no solo pusieron en riesgo la vida de los policías, sino que ocasionaron graves daños en esta infraestructura del Estado peruano, que en nueve casos fue incendiada”.

También condenaron “los constantes, violentos y, en algunos casos, simultáneos ataques contra los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Cusco, Ayacucho y Andahuaylas” y rechazaron “el ataque contra 14 sedes judiciales, siete de las cuales también fueron incendiadas”.

“Consideramos inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden, en especial contra los efectivos policiales, a quienes lanzaron artefactos incendiarios e incluso fueron tomados como rehenes y rociados con gasolina para canjearlos por detenidos bajo amenaza de quemarlos vivos”, enfatizaron.

Expresaron, en ese sentido, su “total respaldo, apoyo y defensa” al personal policial y militar que, según señalaron, “viene cumpliendo una sacrificada labor en el mantenimiento del orden interno y protección de activos críticos” en el marco de la Constitución y otras normas vigentes en el país.

Defensa e Interior recordaron que esas normas “regulan el empleo de la fuerza bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, y contemplan el uso de la fuerza letal “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves””.

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Mencionaron, además, el “Protocolo para la Represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional de las Naciones Unidas”, que fue suscrito por Perú en 1989.

Este protocolo, señalaron, establece que comete un delito quien destruya “o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en servicio y esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto”.

Los ministerios manifestaron, finalmente, la “plena subordinación a la Constitución y a las leyes” de las Fuerzas Armadas y la Policía y recordaron que el artículo 44 de la Constitución peruana establece que su “deber primordial es la defensa de la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población ante amenazas contra su seguridad y bienestar”.

El comunicado conjunto se emitió pocas horas después de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiterara su apoyo a la Policía en su actuación para controlar las protestas antigubernamentales.

“Eso no es una protesta pacífica, es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales que tienen agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, declaró Boluarte en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).

En las marchas antigubernamentales que piden su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, desarrolladas desde principios de diciembre, han fallecido 62 personas, entre víctimas directas de enfrentamientos, un policía y muertes en el marco de las protestas.

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