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Corte Suprema analiza reiteración del pedido de prisión para ex primera ministra de Perú

La Corte Suprema de Perú analizó la apelación que presentó la Fiscalía contra el rechazo a su pedido de 18 meses de prisión preventiva para la ex primera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez en el proceso que se les sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, del pasado 7 de diciembre.

El recurso de impugnación fue revisado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, quien al finalizar la audiencia dejó la decisión final “al voto” de sus miembros y señaló que será informada “en el plazo de ley”.

Durante la audiencia participaron, además de la Fiscalía y los abogados defensores, tanto Chávez, como Huerta y Sánchez, quien asistieron de manera virtual y reiteraron que no fueron parte de la preparación de la intentona golpista de Castillo.

Ante el tribunal, Chávez dijo que dentro de unas semanas publicará unos libros en los que ha estado trabajando y no tiene “ninguna intención de fugarse del país”.

“Mis acciones siempre van a ser declarar a la ley y colaborar”, remarcó antes de indicar que ha pedido que se reduzca el monto de la fianza establecida por este caso, ya que sus ingresos económicos han disminuido y está retomando su profesión de abogada.

El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley rechazó imponer la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra los tres exministros, aunque dictó contra ellos comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles (27.700 dólares o 25.316 euros) contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta y de 50.000 soles contra Sánchez.

El magistrado consideró que no había suficientes argumentos para el peligro de fuga y obstaculización de la Justicia de los exministros, quienes son investigados por la Fiscalía como presuntos coautores de los delitos de rebelión en agravio del Estado y alternativamente de conspiración.

En ese sentido, les impuso reglas de conducta como no ausentarse de su localidad de residencia, concurrir las veces que sean citados al juzgado y acudir mensualmente a firmar un libro de control a partir del 2 de mayo.

El pleno del Congreso aprobó el 23 de marzo pasado acusar constitucionalmente a Chávez por su presunta participación en el autogolpe de Estado que intentó dar Castillo y, de inmediato, la suspendió en el ejercicio de sus funciones legislativas, ya que integraba la bancada del partido Perú Democrático, en tanto dure el proceso penal en su contra.

Antes del debate parlamentario, la ex primera ministra pidió al pleno que apruebe la acusación para afrontar la investigación fiscal, según dijo, por su “profundo compromiso democrático”.

El pleno también aprobó los pedidos de acusación constitucional contra Huerta y Sánchez, quienes fueron ministros del Interior y Comercio Exterior, respectivamente, y afirmaron que no tenían conocimiento de la intención de Castillo de intentar disolver el Congreso, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura. EFE

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