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Controversia por liberación de agresor sexual de niña de 4 años: presumen tráfico de influencias y corrupción del juez

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El juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela se encuentra en el ojo del huracán tras su decisión de liberar al agresor sexual de una niña de cuatro años, desatando una ola de indignación y repudio en las redes sociales. Este magistrado, asignado a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, ha sido objeto de intensas críticas por parte de la opinión pública luego de su controvertido fallo en el caso de una menor abusada por su propio tío paterno.

A pesar de las condenas y cuestionamientos hacia su actuación, el Poder Judicial del Estado de México ha respaldado la resolución de Martínez Vitela, emitida el pasado 15 de febrero, aunque ha dejado abierta la posibilidad de apelación y revisión en segunda instancia. Sin embargo, este respaldo institucional no ha logrado calmar el furor de quienes exigen justicia para la víctima y castigo para el perpetrador.

Las redes sociales se han convertido en un escenario de protestas y señalamientos contra el juez, donde usuarios expresan su descontento e incluso lanzan amenazas contra su persona. Mensajes como “¿Y si quemamos al juez Juan Manuel Martínez Vitela?” y “El poder Judicial no se toca, pero a las niñas sí”, reflejan la profunda repulsa hacia la decisión judicial.

En medio de esta tormenta, la madre de la víctima, Victoria Figueiras, ha denunciado públicamente la posibilidad de tráfico de influencias en el caso. En una entrevista con Azucena Uresti en Fórmula Noticias, Figueiras señaló que el agresor podría haber sido liberado gracias a conexiones con personas influyentes en el ámbito gubernamental. Sus palabras sugieren la existencia de corrupción y la búsqueda desesperada de justicia en un sistema judicial que parece favorecer a los poderosos en detrimento de los más vulnerables.

La lucha por la verdad y la justicia continúa, con Figueiras liderando la batalla en nombre de su hija y de todas las víctimas de abuso sexual. Después de realizar un bloqueo en Periférico Norte por más de cinco horas para exigir justicia, la madre de la niña tenía previsto reunirse con autoridades en los juzgados de Atizapán. Sin embargo, advirtió que, de no obtener una respuesta satisfactoria, los bloqueos y las protestas persistirán en busca de un juicio transparente y equitativo.

La incertidumbre y la indignación persisten mientras se espera una resolución que haga justicia a la gravedad del delito y proteja los derechos de los más vulnerables en la sociedad. La pregunta sigue en el aire: ¿Justicia o tráfico de influencias?

EL VIDEO QUE DESATÓ LA IRA EN REDES SOCIALES

Un clip viralizado en plataformas digitales exhibe el momento de la audiencia donde se pronunció la decisión judicial y el enfrentamiento entre la progenitora de la niña y el magistrado, quien reconoce la presencia de abuso sexual “mediante tocamientos”. Sin embargo, se destaca una falta de precisión en los detalles del incidente, dado que la menor no logró corroborar de manera exacta la fecha y hora de la agresión. Esta situación ha sido denunciada como “indignante y sin sentido” por parte de familiares, grupos comunitarios y defensores de los derechos humanos.

Según reportes adicionales, el caso ha suscitado una profunda preocupación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la efectividad y la integridad del sistema judicial mexicano. La liberación del agresor ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados por el juez para tomar su decisión, así como sobre posibles influencias externas en el proceso judicial.

En declaraciones a medios locales, activistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su consternación por lo que consideran un grave error judicial que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la niña afectada, así como de otras posibles víctimas en situaciones similares.

Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México ha defendido la actuación del juez, argumentando que la resolución se basó en una evaluación exhaustiva de las pruebas presentadas y en estricto apego a la ley. Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado disipar las dudas ni calmar la indignación pública.

En medio del escándalo, se ha revelado que el agresor sexual tiene vínculos con personas influyentes en el ámbito político, lo que ha avivado las sospechas de posibles irregularidades en el manejo del caso. La madre de la víctima ha señalado directamente la posibilidad de tráfico de influencias, sugiriendo que intereses externos podrían haber intervenido en la decisión del juez.

Además, se ha informado que la familia de la niña está considerando tomar acciones legales adicionales para impugnar la decisión del juez y buscar justicia para la víctima. Se espera que en los próximos días se lleven a cabo nuevas manifestaciones y protestas para exigir una revisión imparcial del caso y garantizar que se haga justicia.

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