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Consuelo Porras, la polémica fiscal guatemalteca a la que miles exigen su renuncia

Fuente: X (Antes Twitter)
Fuente: X (Antes Twitter)

La cuestionada fiscal general guatemalteca, María Consuelo Porras Argueta, a quien la población le ha exigido con fuerza su renuncia en los últimos días por la judicialización del proceso electoral, llegó al cargo en 2018 y su periodo en el puesto culmina en 2026, reelegida hace un año por el presidente local, Alejandro Giammattei.

Porras Argueta, una abogada de 70 años que ha tenido una larga carrera en las instituciones de justicia del país centroamericano, guarda silencio en los últimos días ante el reclamo de miles de ciudadanos que han bloqueado al menos 30 carreteras del país durante toda esta semana para exigir que deje su puesto.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteca tomó el cargo en 2018, elegida por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), y fue reelecta para la posición en 2022 por el actual mandatario, Alejandro Giammattei.

La gestión de Porras Argueta ha estado llena de polémicas y cuestionamientos que llevaron a Estados Unidos a sancionarla en 2021 con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio, al acusarla de manipular la Justicia en Guatemala.

Precisamente los cinco años de gestión de Porras Argueta han sido controvertidos a nivel local e internacional, pero ha sido la intervención de la Fiscalía en el proceso electoral lo que ha llevado a la jefa del Ministerio Público al ojo del huracán.

Con un pasado institucional

Antes de su nombramiento como fiscal general en 2018, Porras fue magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país. De igual forma, también había ocupado cargos en salas de apelaciones y dentro del mismo Ministerio Público como investigadora.

De acuerdo a expertos en materia judicial, en sus primeros años al frente de la entidad, Porras Argueta desaceleró las investigaciones en contra de la corrupción que venía realizando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde desnudaron la cooptación del Estado a manos de empresario y funcionarios de alto nivel.

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos señalaron a Porras en 2019 de “limitar el acceso a la justicia” cuando comenzó a realizar cambios en puestos claves de la institución que fueron calificados como “un debilitamiento sistemático” de esta entidad.

En 2021, Porras tomó una de las decisiones más controversiales de su gestión: despidió al reconocido fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuando investigaba un caso Giammattei por un supuesto soborno de empresarios rusos.

El despido contra Sandoval le costó a Porras Argueta ser sancionada por Estados Unidos dentro de la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, acusada de “corrupción y socavar la democracia” del país centroamericano.

También la Fiscalía ha jugado un papel clave en el encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora Marroquín, uno de los más críticos con el Gobierno de Giammattei.

Zamora Marroquín fue encarcelado el 29 de julio de 2022 por un caso de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado a seis años de prisión, pese a que denunció un sinnúmero de injusticias en el proceso judicial en su contra.

Polémica reelección hace un año

En 2022, Porras Argueta se postuló para buscar la reelección como fiscal general de Guatemala y con un polémico proceso de selección, encabezado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, Porras ingresó a la terna final de candidatos.

Fue así como Giammattei la eligió para un nuevo período al frente del Ministerio Público, por cuatro años, desde 2022 hasta 2026.

Durante el inicio de su segundo mandato, Porras ha reestructurado las principales unidades de la Fiscalía y algunas de ellas como la Fiscalía Especial Contra la Corrupción se ha encargado de perseguir a operadores de justicia, activistas y periodistas críticos.

La situación se convirtió en crítica para la jefa del Ministerio Público desde el 1 de septiembre, cuando el presidente electo este año, Bernardo Arévalo de León, la acusó de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra para intentar evitar su investidura el próximo 14 de enero.

Sin embargo, la fiscal general ha negado dicha versión y se aferra al cargo advirtiendo que cumple la ley, mientras las manifestaciones van multiplicándose día a día en su contra para exigir su dimisión y la de su círculo más cercano. EFE

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