Con tantos escándalos de corrupción, la paciencia de los mexicanos se agota

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Fotografía: EFE

La paciencia tiene un límite, y el pueblo de México ha sido muy resignado con los escándalos de corrupción; en los tres años y ocho meses que van de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha transcurrido un solo bimestre sin que se dé a conocer públicamente la forma en que funcionarios de anteriores gobiernos se beneficiaron económicamente con el poder público.

México, en el concierto internacional, ya es un caso especial no solo de corrupción sino de impunidad, pues la mayoría de los funcionarios públicos que han sido señalados oficialmente de estar relacionados con redes de lavado de dinero, sustracción de recursos y hasta tráfico de influencias, ni siquiera están procesados penalmente.

En la paciencia del pueblo mexicano solo hay una cosa que lastime más que la misma corrupción de la clase gobernante: la impunidad con que el Estado trata a los que han medrado con el poder público. Eso es lo que verdaderamente duele, y eso es lo que puede hacer que la paciencia de los mexicanos se agote.

El Tigre, como ha sido calificado el grueso de la población por parte del mismo presidente López Obrador, puede que un día despierte, y entonces no habrá paz para el gobierno ni mucho menos impunidad para aquellos que han faltado a la confianza de sus gobernados, a los que se les ha mentido y se les ha defraudado.

Los casos más recientes de corrupción los enarbolan Luis Ernesto Derbez, el que fuera secretario de Economía y –después– de Relaciones Exteriores en la administración del presidente Vicente Fox, así como Ildefonso Guajardo, el que fue secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Luis Ernesto Derbez Bautista hoy cuenta con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada, luego de haber desfalcado con 720 millones de dólares al Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que administra los fondos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Por su parte, Ildefonso Guajardo Villareal, hoy se encuentra vinculado a proceso penal por el delito de Enriquecimiento Ilícito, al registrar en su haber fondos por más de 9 millones de pesos, que no se sabe de dónde provienen, pero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ubicado como sobornos de diversas empresas extranjeras que se beneficiaron con la discrecional función del entonces secretario de Economía.

La lista de los funcionarios corruptos que han sido expuestos mediáticamente es larga–luego de encontrar que como parte de su función se beneficiaron económicamente–, pero solo muy pocos de ellos han sido llevados a rendir cuentas ante un juez competente, lo que hace que el enojo de los mexicanos vaya en aumento.

Entre los funcionarios que con su ilegal e inmoral enriquecimiento han ofendido al pueblo de México, se encuentran Genaro García Luna, Manuel Bartlett Díaz, Irma Eréndira Sandoval, Rosario Robles Berlanga, Emilio Lozoya Austin, Elba Esther Gordillo, Luis Armando Reynoso Femat, Arturo Montiel, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Francisco García Cabeza de Vaca, Raúl Muñoz Leos, Marta Sahagún, Carlos Romero Deschamps, Javier Duarte de Ochoa… y un largo etcétera.

Por eso es urgente que el presidente López Obrador, en su cruzada contra la corrupción, no solo lleve a prisión a los principales funcionarios que han marcado con el sello de la corrupción la gestión pública, sino que satisfaga las ansias de justicia que bullen en el pueblo de México, en donde se siente que cada vez más, la paciencia se agota… y como le decía, la paciencia tiene un límite. 

carlos.bayo@angelmetropolitano.com

Twitter: @CaBayodeTroyaMx

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