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Casi cien reos venezolanos reclaman mejores condiciones con una huelga de hambre, dice ONG

Un total de 91 presos de un calabozo policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Lara, en el oeste de Venezuela, se declararon en huelga de hambre por la negativa de las autoridades de trasladarlos a tribunales y por las condiciones en las que “sobreviven”, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización explicó, en una nota de prensa, que los reos se negaron a recibir los alimentos que les llevan sus familiares en protesta por la falta de agua potable, las “condiciones inhumanas a las que sobreviven” y la negativa de trasladarlos a tribunales.

Los familiares, prosiguió la ONG, explicaron que en Lara hay “graves” problemas con el suministro de agua, por lo que “desde hace meses” los propios funcionarios y familiares deben pagar por camiones cisternas, cuyo costo es de entre 35 y 40 dólares estadounidenses.

El OVP agregó que el pasado fin de semana, los camiones cisterna no pudieron llegar a la sede del Cicpc por “escasez de gasolina”.

Por otra parte, denunció que los reos fueron llevados al patio del Cicpc mientras llovía para hacer una revisión dentro de los calabozos.

“Durante la requisa les botaron objetos personales, les sacaron las colchonetas que son compradas con mucho esfuerzo por los familiares, les decomisaron un televisor que era su única distracción y desde ese momento pararon los extractores de aire”, apuntó.

La organización afirmó, además, que muchos de los presos que están en esa sede policial tienen órdenes de traslado a cárceles, pero estas no son ejecutadas “porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les asigna cupos”.

En abril pasado, la ONG Una Ventana a la Libertad informó, en la presentación de su informe anual, que en 2022 el hacinamiento de los calabozos policiales fue de 334,55 %, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas recluidas en estos centros de detención preventiva.

Según la ONG, hay presos que pasan hasta tres años en un centro de detención preventiva, lo que agrava sus condiciones sanitarias porque conviven en un lugar cerrado con algunos reos que sufren enfermedades contagiosas. EFE

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