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Bruselas propone que ser político sea agravante al juzgar corrupción en la UE

La Comisión Europea planteó que ser político, alto funcionario, policía o trabajador de justicia sea una circunstancia agravante a la hora de penalizar la corrupción en los Estados miembros y propuso introducir definiciones comunes y un mínimo en las penas máximas para diversos delitos hoy castigados de manera heterogénea en toda la UE.

La nueva directiva para combatir la corrupción busca reducir tasas preocupantes en las encuestas sobre la percepción de la ciudadanía de este tipo de delitos, ya que casi el 70 % de los europeos piensa que la corrupción está “extendida” en su país, cifra que aumenta a un 89 % en el caso de los españoles.

En un encuentro con medios, entre ellos EFE, para presentar sus ideas sobre cómo reforzar las legislaciones nacionales sobre corrupción y la capacidad de la UE para sancionar por estos delitos en países terceros, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Joruová, incidió en que “ningún país es totalmente inmune” a la corrupción y que todos los Estados miembros tendrán que hacer alguna adaptación a sus normativas actuales.

Y es que Bruselas apunta precisamente a que los países europeos que más se relacionan con la corrupción en el imaginario colectivo son, de hecho, los que ya tienen marcos legislativos potentes para castigarla, mientras que los menos “sospechosos habituales” son los que más tendrán que actualizar sus códigos penales, de aceptarse sin cambios las propuestas de Bruselas.

La deriva interna de las propuestas de este miércoles se centra por un lado en las medidas preventivas, con nuevas obligaciones para los Estados miembros en el acceso abierto a la información de interés público, la gestión de conflictos de intereses en el sector público y la verificación de las declaraciones de activos de políticos.

“Estará en manos de los Estados miembros aumentar y reforzar la cultura de la integridad. Este es un término nuevo para algo que se puede decir de forma más sencilla: que se garantice que en la sociedad la corrupción no se vea como algo normal, que se rechace”, resumió Jourová.

Por otro lado, las medidas punitivas introducirán en los códigos penales de todos los Estados miembros definiciones y límites de penas máximas comunes para delitos como los sobornos, que deberán ser penados con un máximo de al menos seis años de cárcel, la malversación -con un máximo de al menos cinco años de prisión-, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con la corrupción.

A nivel comunitario serán también iguales unos agravantes mínimos de las penas para los delitos de corrupción: se penarán más duramente estos crímenes si quienes los han cometido son personas con cargos públicos, funcionarios del orden, la justicia o policías, mientras que un factor mitigante será la cooperación con la justicia.

Otro agravante será si la corrupción ejercida en la Unión Europea servía intereses de un país tercero, ya que -según afirmó la vicepresidenta comunitaria- “en tiempos de guerra es más que necesario tener algo en la reserva para castigar a aquellos que abiertamente sirven a Rusia, que son pagados (por Rusia) y que son corruptos”.

Este sería también el caso, señala una fuente comunitaria, para los acusados por tramas como el Catargate y similares.

Uno de los objetivos de la directiva, además de mejorar la percepción sobre la prevalencia de la corrupción entre los ciudadanos europeos, será establecer un mínimo en todos los países de la Unión Europea, de manera que los criminales no puedan elegir en qué Estado miembro sale “más barato” ser corrupto. EFE

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