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Boluarte asegura a relator de la ONU que el Estado peruano garantiza el respeto a los DDHH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió en Lima con el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas (ONU), Clément Voule, a quien aseguró que el Estado garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos.

El encuentro se celebró a las 11:30 hora local (16:30 GMT) en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, donde Boluarte recibió a Voule tras la invitación formulada por el Ejecutivo peruano meses atrás para dar a conocer lo sucedido durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país entre diciembre y marzo pasados.

Durante la audiencia, la mandataria “aseguró que el Estado peruano garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos, y le ofreció (al relator) además todas las facilidades para el desarrollo de su labor”, según informó su despacho a través de Twitter.

En la reunión también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; la canciller, Ana Cecilia Gervasi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate.

Este encuentro se realizó pocos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara en su último informe la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones sociales que estallaron tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

Los enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden registrados durante las protestas dejaron un saldo de 1.300 heridos y 49 civiles muertos, ocho de ellos menores de edad.

La Comisión aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” y que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”.

Además, agregó que la situación podría ser considerada como “una masacre”, algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte. EFE

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