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Abogado de expresidente Ecuador dice que decisión del juez fue “en derecho”

David Meza, abogado del expresidente Lenín Moreno, señaló que fue tomada “en derecho” la decisión de la justicia, que dispuso este domingo la presentación cada quince días del exgobernante ante la Corte Nacional de Justicia, en el marco de un caso que investiga el presunto delito de cohecho.

En la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, la “resolución fue en derecho”, dijo a la prensa al recordar que la Fiscalía había pedido arresto domiciliario.

La Fiscalía “no pudo justificar que no existe ni riesgo de fuga ni riesgo procesal”, indicó al señalar que se han presentado a lo largo de toda la investigación previa y, adicionalmente, no van a obstruir ningún proceso de investigación.

DECISIÓN DEL JUEZ

El juez Adrian Rojas ordenó este domingo la presentación periódica de Moreno (2017-2021) en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el marco de las investigaciones en el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

Dispuso la presentación cada 15 días en la Secretaría de la CNJ de Ecuador para Moreno, así como su esposa Rocío, que se encuentran en Paraguay, y Xavier M.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días en la misma institución, además de pesar sobre ellos la prohibición de salida del país y uso de dispositivos de vigilancia, excepto para Wu Y. para quien se dictó prisión preventiva.

Meza apuntó que conversará con su cliente para exponerle las resoluciones de los jueces tanto en medidas cautelares como reales y, en función de eso, se adoptará una decisión.

TREINTA Y SIETE PROCESADOS

La Fiscalía recordó que procesa a 37 personas, entre ellas Moreno, por “su presunta participación en el delito de cohecho: habrían recibido alrededor de 76 millones de dólares -entre 2009 y 2018 en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair”.

En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, la fiscal general, Diana Salazar, consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.

También requirió al juez Rojas, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de quienes residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad.

SUPUESTOS SOBORNOS

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica del país pasase de 1.979 millones de dólares a 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo a la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa “offshore” INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

Sin embargo, Moreno ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia por cohecho en otro caso de corrupción. EFE

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