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Arranca, de facto, la guerra contra el narco versión 3.0

Serán una herramienta fundamental para diseñar programas que permitan hacer testeos masivos en organizaciones y empresas

Por J.Jesús Lemus

La versión 3.0 de la guerra contra el narco de Felipe Calderón fue puesta en marcha a partir del pasado martes, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el acuerdo, en el que se dispone que las fuerzas armadas federales asuman el control de la seguridad pública en todo el territorio nacional, como principal medio para erradicar los elevados índices de violencia.

Con la remasterización de la guerra contra el narco, el presidente López Obrador no solo falta a una de sus principales promesas de campaña, como fue la de “devolver al Ejército a sus cuarteles”, sino que alienta la posibilidad de que en el intento por aminorar los índices de violencia, estos puedan repuntar a niveles como los que se registraron en los últimos dos sexenios.

El acuerdo publicado por el presidente López Obrador, en la edición del Diario Oficial de la Federación del pasado 11 de mayo, establece la facultad legal de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera permanente, al menos desde esta fecha hasta el próximo 27 de marzo de 2024.

La inminente militarización de todo el país, que desde la cúpula federal se observa como la mejor alternativa para disminuir los índices delictivos que continúan al alza, ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, donde la idea generalizada es la continuidad de la estrategia de seguridad que impulsó en su momento el presidente Felipe Calderón.

LAS RAZONES DE CAUSA EN COMÚN

Una de las principales organizaciones civiles que han cuestionado la decisión presidencial, por la continuidad de la presencia militar en labores de seguridad pública, es Causa en Común, que preside María Elena Morera, la que ha manifestado su preocupación por “la definición militarista de la seguridad pública del gobierno federal”.

De acuerdo a María Elena Morera, quien recordó que en marzo del año pasado se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional y para otorgar facultades policiales a las Fuerzas Armadas, el acuerdo presidencial en cuestión resulta ambiguo, porque no precisa “en qué consiste que las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas se realicen, como establece la reforma, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Desde la postura de Causa en Común, “esta medida, lejos de dar un marco menos ambiguo a la actuación de las Fuerzas, y establecer una línea divisoria entre las fuerzas civiles y militares, sirve de un propósito opuesto: el gobierno federal refrenda, con toda claridad, que promueve un marco de actuación militar deliberadamente ambiguo, discrecional, sin controles y sin plazos”.

Para María Elena Morera, la disposición del presidente López Obrador “no solo desnaturaliza a la institución castrense en su papel de policía federal, sino que se extiende el abuso al involucrarla directamente en la construcción de una red diseñada para ampliar la dispersión de recursos clientelares con propósitos electorales”.

En este sentido recordó lo antinatural de las funciones atribuidas al Ejército, como cabeza de las fuerzas federales, que ha recibido en lo que va de esta administración sendos contratos por asignación directa para la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, que tampoco es función del cuerpo castrense.

VISIÓN POCO ALENTADORA

Pero más allá de postura como la que refiere la organización Causa en Común, que desnuda intereses oscuros del Ejército para hacer labores de seguridad pública y otras más allá de su función, hay otras voces que refieren la posibilidad de que la continuidad de la presencia militar haciendo labores policiales puedan trastocar el respeto a las garantías constitucionales de la población.

De acuerdo al periodista y antropólogo social Francisco Sarabia, la presencia de las fuerzas federales en las calles podría hacer que incremente el número de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, “por el simple hecho de que las fuerzas federales son cuerpos de guerra que no están capacitados para el contacto social y la prevención de delitos”.

Este argumento tiene sustento. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la labor de las fuerzas federales en materia de seguridad pública, tal como fueron habilitadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, elevó el número de denuncias por violaciones graves a los derechos humanos.

De 2010 a 2019, según el registro histórico de la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 30 recomendaciones para subsanar la violación grave de derechos humanos, entre ellos tortura, cometidos contra ciudadanos por parte de elementos de esa dependencia que hicieron labores de seguridad.

La Secretaría de Marina, en ese mismo lapso, recibió de la CNDH 23 recomendaciones. Por violaciones no graves de derechos humanos, en este mismo periodo, la Sedena fue reconvenida por la CNDH en 26 ocasiones, mientras que la Semar recibió 14 recomendaciones para no se repitieran actos como incomunicación, detenciones arbitrarias y/o amenazas contra ciudadanos que fueron detenidos bajo el pretexto de la comisión de algún delito del fuero común.

MILITARES, TAMBIÉN EXPUESTOS

La función de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública, dijo el sociólogo Rubén Hernández, no solo expone a los ciudadanos a ser víctimas de violación de sus derechos constitucionales, “también es un riesgo para los propios militares que participan en esa labor, los que se encuentran expuestos a ser procesados penalmente por el mal desempeño de un trabajo para el que no fueron capacitados”.

El riesgo para los militares que actúan como policías de seguridad pública –explicó el doctor Rubén Hernández– “puede ser desde el procesamiento por violentar los derechos de los ciudadanos, hasta involucrarse en las actividades ilícitas de las diversas organizaciones criminales contra las que estarían actuando”, tal como ya existe constancia por el elevado número de presos de origen militar que actualmente se encuentran en prisión.

Según los datos más actuales emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del portal de transparencia, solo durante los primeros cuatro años de la guerra contra el narco, cuando Felipe Calderón envío el Ejército a las calles, fueron encarcelados mil 014 militares, de los que más del 72 por ciento fueron señalados de haberse coludido con diversos grupos criminales.

El 28 por ciento de los militares encarcelados de 2006 a 2010, fueron acusados de diversos delitos cometidos en contra de civiles, principalmente robo, tortura, homicidio, secuestro y desaparición forzada, de los que 109 de ellos recibieron sentencias condenatorias que fueron desde 2 meses hasta 26 años de prisión.

De acuerdo a la Sedena, de los mil 014 militares que fueron procesados penalmente, uno era general de brigada, cuatro eran generales brigadier, cuatro tenían el grado de coronel, 12 eran tenientes coroneles, 20 eran mayor, 21 capitán primero, 35 tenían el grado de capitán segundo, 125 eran tenientes, 45 subtenientes, 42 eran sargento primero, 113 eran sargento segundo, 199 tenían el rango de cabo y otros 393 eran soldados.

Por razones como estas, es que la organización Causa en Común ha manifestado su postura en contra del acuerdo presidencial de mantener legalmente a fuerzas federales en las calles, lo que considera es “una vocación militarista, contraria a la construcción de una vía civil en materia de seguridad pública, respetuosa de los derechos humanos, y compatible con un régimen republicano y democrático”.

Por eso el llamamiento “a organizaciones sociales, periodistas, intelectuales, artistas, profesionistas y ciudadanía en general, así como a las distintas fuerzas políticas, para que se manifiesten claramente en contra del avance de la militarización, por su clarísima regresión histórica para nuestro país”, dijo María Elena Morera.

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