The Wall Street Journal revela que el gobierno mexicano indaga a Enrique Peña Nieto

El diario estadounidense aseguró que el exmandatario está siendo indagado por el presunto caso de corrupción que tiene en prisión a Emilio Lozoya; hay más escándalos por los que podrían citar a Peña Nieto

Por J.Jesús Lemus/David Casco

Todo indica que la bola de nieve que empezó a crecer con la detención de Emilio Lozoya Austin en España, arrastrará a Enrique Peña Nieto.

Y es que la noche del miércoles 19, el diario The Wall Street Journal, que cita como fuente a un alto funcionario judicial de México, reveló que oficiales policiales mexicanos están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de presunta corrupción del más alto perfil en los últimos años.

La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya Austin, el otrora titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Vale recordar que el 18 de junio del 2019, se dio a conocer en algunos medios de comunicación que en Estados Unidos investigaban al expresidente Peña Nieto por presuntos actos de corrupción, pero el mexiquense salió de inmediato a desmentir la información.

Sin embargo, nuevamente fue The Wall Street Journal quien dio ahora la nota, al señalar que la Fiscalía General de la República está investigando al priísta. Un funcionario dijo al medio estadounidense que la investigación es parte de un caso en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, arrestado el 12 de febrero en Málaga, España.

“La Fiscalía General tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, dijo el funcionario, refiriéndose al expresidente.

“La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que junto con las investigaciones en curso decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”, precisa la información.

Lozoya es señalado por aceptar sobornos de Odebrecht, tras testimonios de ejecutivos de la constructora brasileña que lo involucran de manera directa.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se congelaron 14 cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a Emilio Lozoya.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, a la víspera había declarado que han “congelado, del caso vinculado con el señor Emilio Lozoya, a 14 personas físicas y morales relacionadas con él por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en el caso de Altos Hornos de México”.

Hoy, más que nunca, cobran relevancia las palabras de Javier Coello Trejo, el abogado defensor de Emilio Lozoya, quien dijo en reiteradas ocasiones que su cliente no se mandaba solo, sino que recibía “órdenes de arriba”, en alusión a Enrique Peña Nieto.

Casos de corrupción

El expresidente Enrique Peña Nieto podría correr la misma suerte que Emilio Lozoya y Rosario Robles; no está exento de enfrentar pronto la justicia a causa de la cauda de corrupción expuesta durante su administración, pues hay al menos10 casos de corrupción donde queda en tela de juicio la honestidad del exmandatario priísta, que lo podrían llevar a prisión.

El caso más escandaloso que se cierne sobre la tranquilidad jurídica de la que hasta hoy goza el expresidente Peña Nieto, es el conocido como La Casa Blanca, la mansión ubicada en la Sierra Gorda número 150, en la Ciudad de México, que era habitada por la entonces esposa del presidente, Angélica Rivera, pero que aun cuando ella se atribuyó la propiedad, la mansión valuada en siete millones de dólares es propiedad del Grupo Higa. 

La casa de Malinalco, Estado de México, propiedad del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, es otro escándalo que puede salpicar al expresidente, pues esta residencia también fue entregada al exsecretario de Hacienda por parte del Grupo Inmobiliario Higa, uno de los consentidos con obras del gobierno federal durante la pasada administración.

Uno más es el Caso Ayotzinapa, donde 43 normalistas desaparecieron literalmente de la noche a la mañana en el municipio de Iguala, Guerrero, donde existen agudas sospechas de una participación del Estado, a través del Ejército alienado con el crimen organizado, y del que siempre la administración priísta pasada evadió la investigación, es otro de los que pudieran ser obligados a responder por el expresidente ante un juez.

Y qué decir del caso OHL México, la empresa constructora que, a cambio de recibir licitaciones directas de obras de infraestructura en todo el país, pagó millonarios sobornos a funcionarios públicos de primer nivel de la pasada administración, entre ellos Enrique Ochoa Reza, cuando fue titular de la Comisión Federal de Electricidad; Emilio Lozoya, como titular de Pemex, y Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes.

Otro caso que sin duda salpicará al expresidente Peña Nieto, es el de Odebrecht, la multinacional brasileña de los hidrocarburos que para lograr contratos millonarios del gobierno mexicano, repartió sobornos por más de 10 millones de dólares entre la clase política, no solo en la administración del priísta, sino también durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

De continuar las indagatorias sobre el caso de Rosario Robles, solo es cuestión de tiempo para que Enrique Peña Nieto tenga que responder sobre el destino de los 11 mil 224 millones de pesos desviados durante su administración, vía las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dinero de los que aún no se sabe a dónde fueron a dar.

Otra obra nada transparente que avizora problemas legales para Peña Nieto, es la construcción del fallido Paso Exprés sobre la autopista México-Cuernavaca, donde los montos de inversión fueron inflados cuatro veces sobre el proyecto original, para terminar con una inversión 2 mil 200 millones de pesos en una obra mal hecha que culminó con un socavón, donde una persona perdió la vida.

Otro caso aparte será el de la compra y puesta en operación del sistema de espionaje Pegasus, que fue utilizado por el CISEN, de 2015 a 2016, para mantener vigilados a los opositores del Presidente, principalmente políticos, periodistas, empresarios y gobernadores.

Igual de escabroso es el tema de la triangulación de dinero que se hizo entre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y la Secretaría de Finanzas del entonces gobernador Cesar Duarte Jáquez, sistema mediante el cual se pudieron mover más de mil 200 millones de pesos para financiar con recursos públicos algunas campañas a diputados del PRI.

Y finalmente está el caso del enriquecimiento inexplicable y falta de aclaraciones de cuentas de por lo menos seis ex gobernadores priístas –Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Eruviel Ávila, del Estado de México; Aristóteles Sandoval, de Jalisco, y Rodrigo Medina, de Nuevo León–, encumbrados por la amistad de Peña Nieto, y que a la fecha no han podido desvanecer observaciones de desvíos de recursos por más de  37 mil millones de pesos, que les hizo la Auditoría Superior de la Federación.

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