La agenda institucional debe contar con entidad jurídica de niños y jóvenes trans

Los diputados Paula Soto Maldonado, Temístocles Villanueva Ramos y Eduardo Santillán Pérez coincidieron en señalar que el reconocimiento y protección a todas las realidades que hoy coexisten, deben ser parte fundamental de la agenda institucional y en ese sentido, no puede pasar un día más en que se vulneren los derechos humanos básicos, como en el caso de la identidad jurídica de niñas, niños y adolescentes trans, la cual debe ser coincidente con su autopercepción. 

En el marco del “Foro por el Reconocimiento de las Infancias Trans”, realizado en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, refirieron que el interés superior de la niñez debe permear en todo el actuar gubernamental, lejos de conceptos obtusos que menoscaban cualquier derecho que enfrenta a los estigmas de género.

En ese sentido, Soto indicó que “la infancia y adolescencia transgénero coexisten en un contexto social que les ha sido impuesto, ya que desde su nacimiento se les esclaviza a un género y con ello a determinadas conductas, patrones y estereotipos, el género es una construcción social que impone roles basados en el sexo y que deben ser desempeñados en la colectividad, por lo que, dijo, el alcance de las políticas que buscan refrendar esta estructura atenta contra los derechos humanos y la igualdad sustantiva”.

Apuntó: “Creo que fielmente como parte de la sociedad es nuestro deber actuar para eliminar cualquier tipo de exclusión por condiciones que sobrepasan los tradicionalismos, pero sobre todo, como parte del Estado, nuestro principal deber es amparar a todas las personas, velando en todo por los derechos humanos y su pleno ejercicio”. 

Ante este panorama, la legisladora aseveró que siempre será vital que prevalezca el análisis de todas las opiniones y propuestas, así como el debate de ideas, pero sin dejar de lado que nuestra identidad, orientación sexual y género, no debe determinar a las personas, ni condicionar derechos.

 

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