El gobierno de Enrique Peña Nieto, nido de corrupción en las concesiones carreteras, beneficia a los amigos

La infraestructura carretera en la administración paeñista -2012-2018- no gozó de crecientes e históricas inversiones, sino todo lo contrario: entre 2013 y 2018, los montos anuales de inversión pública y privada en el sector carretero disminuyeron casi a la mitad.

En un lustro de acuerdo con cifras preliminares estimadas para el cierre de 2018, la inversión carretera sumó 397,769 millones de pesos (mdp), de acuerdo con el último Informe de Gobierno.

Pero la inversión ejercida en el último año -2018- fue 30 por ciento inferior a la de 2013. Así, en 2018 se ejerció una inversión de 49,297 millones de pesos, mientras que en el primer año de gobierno esa cifra fue de 70 mil 871 millones,

2017 y 2018 fueron los años con la menor inversión carretera en el sexenio, con menos de 50,000 mdp en cada uno, pero marcada por la corrupción porque la administración peñista a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la  mano de Gerardo Ruiz Esparza, se dedicó a otorgar concesiones con hasta 25 años de usufructo sin ningún beneficio para las arcas públicas.

OHL, Teya, Telepeaje Dinámico, Omega Mota-Engil, ICA, Grupo Prodi, Pinfra, Grupo Higa, Aldesa, IDEAL y Coconal, fueron las principales beneficiarias por la administración peñista y para ello utilizó al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), siendo fiduciario BANOBRAS para disponer de millonarios fondos económicos para elevar obras sobre costos y dar concesiones de hasta 25 años a las empresas antes mencionadas con el cobro de peaje.

Al inicio del sexenio peñista, el Plan Nacional de Infraestructura consideraba la conclusión de 46 autopistas adicionales a las que ya operaban en el país, tomando en cuenta que 27 estaban en proceso de construcción y 14 más en proceso de concurso.

Algunos de los proyectos concursados en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron: La Autopista Atizapán- Atlacomulco, concesionada a Aleatica (antes OHL México), la Autopista Siglo XXI y el Segundo Piso Indios Verdes-Santa Clara, ambas a cargo de Pinfra; y la Cardel-Poza Rica, operada por Mota Engil. De estas, ni Atizapán-Atlacomulco ni Indios Verdes-Santa Clara se concluyeron como se tenía previsto.

Como se puede notar, todas esas empresas son propiedad de amigos de Enrique Peña Nieto.

Del total de autopistas y proyectos carreteros adjudicados a privados mediante Asociaciones Público-Privadas, como las concesiones, se concluyeron nueve proyectos con una inversión de 21,200 millones de pesos, detalla el Plan Nacional de Infraestructura.

 OHL fue la empresa más beneficiada por el gobierno peñista que hasta sus directivos se daban el lujo de pagar las vacaciones de colaboradores cercanos a Peña como Gerardo Ruiz Esparza, Luis Enrique Miranda Nava y Apolinar Mena, ex Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México.

Cabe resaltar que, para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la empresa Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantú, se benefició en febrero de 2013 de un crédito de Banobras por 2 mil 775 millones de pesos, en el que también participó el Fonadin. La obra, que debía concluirse primero en 2009 y luego a finales de 2015, sigue inconclusa y fue favorecida por el gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo Maza –director de Banobras entre 2013 y 2015– con una extensión de la concesión hasta 2043.

Dicha licitación desató un escándalo, pues la empresa Telepeaje Dinámico, de Roberto Alcántara Rojas –también amigo y contratista de Peña Nieto– obtuvo el contrato de 4 mil 123 millones con irregularidades de Capufe (entonces dirigido por Benito Neme Sastré, doble compadre del entonces presidente) y su sistema IAVE provocó un caos en los primeros meses de operación.

Adicionalmente, varios megaproyectos carreteros apoyados por el Fonadin sufrieron retrasos y sobrecostos, como el tramo Jantetelco–El Higuerón de la Autopista del Sol, adjudicado a Pinfra y la española Aldesa por mil 900 millones de pesos en 2014, el cual todavía no se concluye.

Para contratar el paquete de autopistas Golfo Centro –que incluyó tramos de las autopistas México-Pachuca y México-Tuxpan– hasta 2030, el Fonadin autorizó en su sesión del 7 de septiembre de 2017 un techo de 8 mil 900 millones de pesos.

 No obstante, en enero de 2018 Banobras otorgó el contrato a un consorcio encabezado por Omega, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, por 10 mil 319 millones de pesos (equivalente a 800 millones anuales) a pesar de que su propuesta técnica se elevaba a 9 mil 554 millones de pesos.

Hoy todos ellos al igual que el ex Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza están sujetos a investigaciones por daños graves a la hacienda pública y uso indebido del cargo para beneficiar amigos y personal.

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