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Persisten las denuncias de corrupción en el INEE

Por considerar que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), desempeñaba un papel de persecución e inquisidor, la nueva administración federal optó por “cantarles la golondrinas”.

El instituto no eligió hacer el trabajo sucio de la Reforma Educativa peñista, pero tampoco hizo valer su autonomía para rechazar la peligrosa encomienda, opinaron  expertos consultados. Ahora desaparecerá cuando se hagan validas las reformas  educativas planteadas por Andrés Manuel López Obrador.

El INEE surgio en 2002, en su primera década proveyó de información a cinco secretarios de educación en tres sexenios distintos.

Si el INEE hoy agoniza, apuntaron expertos, se debe a que el gobierno de Peña Nieto hizo un pésimo uso de la institución para apuntalar su Reforma Educativa y lo utilizó de una manera perversa, poniendo las funciones más discutidas y más polémicas en manos  en sus manos.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa no es el responsable directo de elevar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes; sin embargo, de acuerdo con la ley, sí tiene la obligación de generar la información necesaria para que las autoridades educativas corrijan errores y se mejoren el desempeño tanto de alumnos como de maestros.

Uno de los termómetros más confiables para conocer la evolución del sistema educativo nacional es la prueba Pisa, que desde el año 2000 se realiza cada tres años en los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo cierto es que el INEE será remplazado por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio.

De acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizada en 2017, el INEE no ha ofrecido información útil para mejorar el aprovechamiento de los alumnos.

El riesgo de la contrarreforma es que el instituto de evaluación vuelva a ser coptado por los fieles del SNTE y que la recompensa para los maestros, la carrera magisterial y el pago de estímulos vuelvan a ser palomeados por el sindicato, porque el SNTE siempre encuentra formas de colonizar el gobierno de la educación”.

Uno de los principales argumentos de Andrés Manuel López Obrador para decir que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe desaparecer es que absorbe recursos millonarios y que los salarios de los consejeros son desproporcionados.

En el Presupuesto de Egresos de 2018, la dependencia recibió mil 227 millones de pesos, casi el doble de los 613 mil millones que se le canalizaron en 2013, su primer año como ente autónomo.

Para este año, el organismo en vías de extinción recibió 697 millones, cifra que, si se le descuenta la inflación, es inferior a la de hace seis años. En tanto, los salarios de los consejeros rondan los 110 mil pesos mensuales.

El  23 de diciembre de 2018, el instituto publicó un comunicado en el que rechaza el recorte presupuestal, al que asume como una medida que atenta contra el equilibrio de poderes y para el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia. 

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