Como lo exigió desde hace cinco años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto será cancelada. Sin embargo, la iniciativa del presidente López Obrador provocó críticas de legisladores y académicos que le señalan graves fallas, como la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

“Compromiso cumplido, maestras y maestros de México”, dijo López Obrador en el Salón Tesorería del Palacio Nacional el miércoles 12, cuando presentó su propuesta para modificar los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, la cual empezará a discutirse en febrero de 2019 en la Cámara de Diputados.

Pero lo que el mandatario anunció como piedra angular de la Cuarta Transformación, para especialistas como la investigadora en educación Alma Maldonado es motivo de preocupación, ya que deja en manos de los maestros y del sindicato el manejo discrecional del proyecto educativo. Además, dice, no se tiene claro cómo piensan crear 100 universidades sin tener recursos económicos, una planta de profesores y un proyecto específico para que tengan éxito en las zonas donde más se necesitan.

“Hay poca claridad en la propuesta –explica la académica–, responde a una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y le está respondiendo a una base de votantes. Responde también a una situación que se dio en el sexenio anterior, de muchos conflictos; (la reforma de Peña Nieto) no fue bien llevada porque hubo mucha soberbia de quienes la diseñaron e implementaron. Pero (la actual iniciativa) deja muchas lagunas sobre temas fundamentales y uno de ellos es el ingreso al servicio de carrera del magisterio”.

Maldonado, licenciada en pedagogía por la UNAM y con posgrado en las universidades de Oxford, Inglaterra, y Boston, Estados Unidos, agrega: “No queda claro si se va a continuar con el examen como vía para tener una base de docentes… Esperaría que sí, porque de lo contrario vamos a regresar al problema de cómo se entregaban las plazas antes de la implementación del servicio profesional docente: a través de la corrupción, por el peso del sindicato”.

La iniciativa de derogar la reforma educativa responde a las demandas que la CNTE hizo sobre todo en la campaña presidencial y que López Obrador hizo suyas, como la desaparición del INEE, la liberación de los maestros considerados “presos políticos” por las protestas contra la política de Peña Nieto en el sector, además de la reinstalación de los docentes que decidieron no presentarse a la evaluación.

El pasado 29 de octubre, en una reunión en su casa de campaña con los integrantes de la CNTE, López Obrador reiteró su compromiso de desaparecer el INEE. Asistieron también el nuevo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y maestros de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, el Estado de México y la capital del país.

Al hacer pública su iniciativa de ley, López Obrador dijo que “jamás se le va a faltar el respeto al magisterio como sucedió recientemente. Se dedicaron a ofender a los maestros, eso se terminó. Hay muy buenas relaciones con los maestros, con las organizaciones sindicales del magisterio”.

Moctezuma lo reiteró el jueves 6, cuando presentó los resultados de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad. Dijo que en el gobierno de Peña Nieto el magisterio nacional “fue maltratado” con campañas en su contra, “denigrando una profesión que deberíamos exaltar todos los días”.

La iniciativa de Ley de López Obrador contiene reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, entre las que sobresale la eliminación de la Ley del INEE y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que fueron aprobados y publicados mediante decreto presidencial el 11 de septiembre de 2013.

El INEE, un órgano autónomo que evalúa el sistema educativo y no sólo a los maestros, será sustituido por un Centro para la Revalorización del Magisterio, cuyo consejo directivo tendrá siete miembros “designados por la autoridad educativa federal” y contará con un consejo consultivo de “docentes distinguidos, madres y padres de familia, representantes de la sociedad civil, investigadores y expertos”.

En la exposición de motivos se explica que esta modificación constitucional es esencial para la Cuarta Transformación que propone López Obrador y manifiesta su rechazo a los exámenes punitivos, ligados a la permanencia de los maestros en sus plazas laborales. Sostiene que aplicar evaluaciones “sancionadoras y persecutorias” implica partir de la desconfianza hacia los profesores.

Además, señala el documento, los criterios de evaluación de la reforma peñanietista “pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas, y que no pueden ser medidos a través de programas computacionales que sólo registran uno de los muchos aspectos que deben ser tomados en consideración para elevar la calidad de la educación y la preparación de quienes la imparten”.

La iniciativa de ley propuesta por López Obrador retoma el Servicio de Carrera Magisterial, creado por Elba Esther Gordillo y en su momento señalado por la Auditoría Superior de la Federación de no cumplir con el objetivo de “elevar la calidad educativa”.

De igual modo prevé que la Coordinación Nacional para el Servicio Profesional Docente, encargada de aplicar las evaluaciones, “en su carácter de organismo desconcentrado, asumirá las funciones que la ley establezca en materia del Servicio de Carrera Magisterial”.

Al respecto, la investigadora Maldonado expresa su desacuerdo con la desaparición del INEE y la falta de autonomía del Centro para la Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación.

El secretario Esteban Moctezuma declaró: “Ese centro se va a dedicar a ello, además de ser integrado por un consejo ciudadano que va a ser permanente, transexenal, y va a ser una memoria de cómo se toman las decisiones, de manera que siempre se tenga un grupo de mexicanos donde estén representados todos los actores de la educación que puedan darle una guía a la educación pública”.

No obstante, la especialista señala: “Me preocupa muchísimo el tema de la autonomía de este centro, ya que el INEE se encargaba de realizar las evaluaciones del sistema educativo independientemente del gobierno en turno. Los órganos autónomos nacen como una respuesta a muchos problemas que tenemos en México, que pasan desde la historia del partido único hasta la consolidación de la vida democrática. Perder la figura de un organismo autónomo como el INEE, independiente del Poder Ejecutivo y que nos ofrezca información, datos, evaluación y directrices de política, me parece alarmante”.

Hace un mes 300 universidades y centros de investigación educativa le dirigieron a López Obrador y a Moctezuma una carta en la que rechazaron la idea de desaparecer el INEE, por considerarla un retroceso que suprimiría información relevante para el debate público:

“El INEE nos ayuda a conocer el estado de la educación y los avances en relación con el cumplimiento del artículo 3º constitucional, así como de los acuerdos internacionales que México ha suscrito en relación con el derecho a la educación” señalaron los firmantes, entre quienes se cuentan extitulares del organismo, como Eduardo Backhoff,­ Felipe Martínez Rizo, Mario Rueda Beltrán y Margarita Zorrilla.

El mismo día que López Obrador presentó su propia reforma, que incluye la desaparición del instituto, los integrantes de éste advirtieron en un comunicado que el Sistema Educativo Nacional requiere de un órgano autónomo que evalúe todos sus componentes y genere información objetiva y pertinente para la sociedad y las autoridades educativas, como lo hizo el INEE desde su fundación, en 2002.

“No podemos volver a dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio educativo, porque conocemos de sus limitaciones e imprecisiones. Hacerlo es equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos. Nuestro país ha avanzado mucho en evitar que la autoridad sea juez y parte en materia educativa”, señalaron.

Con el propósito de confrontar puntos de vista, el reportero solicitó una entrevista con el titular de la SEP, que hasta el viernes 14 no había sido concedida.

Crítica y gazapos

En la iniciativa enviada a la Cámara de Dipu­tados por López Obrador se plantea una modificación del artículo tercero constitucional que considera eliminar la autonomía de las universidades públicas. Esto provocó las protestas de los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que acusaron al presidente de atentar contra un derecho ganado en años de lucha social.

Moctezuma respondió que se trataba de una falsa polémica, pero ante la evidencia del contenido de la iniciativa presentada, declaró que se trató de un “error mecanográfico” y de una falla del programa en la computadora.

López Obrador rechazó que pretendiera suprimir la autonomía universitaria: “No, no. No hay ninguna intención en ese sentido, y para que no se use de pretexto o excusa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía”. Y el jueves 13 envió una “fe de erratas” para reintegrar la fracción sobre la autonomía universitaria.

A pesar de esta corrección, la especialista Maldonado advierte muchas otras lagunas sobre temas fundamentales, entre ellas el ingreso al servicio de carrera del magisterio y la intención de hacer obligatoria la educación superior.

“No hemos aprendido de las experiencias anteriores de la universalización de los niveles preescolar sin tener condiciones, maestros, presupuesto. Lo mismo pasó con la secundaria y en la educación media superior, donde estamos muy atorados”.

Además de la posibilidad de que al eliminar las evaluaciones se vuelvan a asignar las plazas mediante “la corrupción y el peso del sindicato”, la académica considera que en la iniciativa presidencial “tampoco queda claro qué quieren decir con que se buscará la ‘excelencia’ en lugar de la calidad de la educación”.

En cuanto a la obligatoriedad de la educación superior y la creación de 100 universidades en el país, opina que ese lujo sólo se lo han dado dos países ricos y que en México no hay recursos económicos, materiales ni académicos para lograrlo: “Tenemos una tasa bruta de no más de 35% de cobertura de la demanda. Si el sistema no tiene esta capacidad para absorber a la mayoría de los estudiantes que quieran inscribirse en alguna institución, eso va a generar muchos conflictos”.

El riesgo de crearlas pese a todo es que terminen siendo universidades pobres para pobres. “Me pregunto cuál es la prisa de hacer obligatoria la educación superior en este momento, por qué no esperar un poco para que el sistema madure más, que se termine de asentar la educación media superior y, con un plan más armado, hacer un plan piloto.

“Es más difícil defender la equidad a partir del financiamiento que se le dará a la educación superior, el cual es muy caro, que fortalecer los niveles básicos, donde se necesita abonar para reducir las brechas entre quienes tienen más acceso y los que padecen más dificultades”, concluye la doctora Maldonado.

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